El Banco de España cifra en 21.000 millones los créditos ICO en riesgo de impago y avisa de un mayor deterioro por la guerra y la energía

El Banco de España avisa de que el deterioro de los créditos ICO avalados por el Estado para hacer frente a la pandemia sigue aumentando y cree que el impacto por el alto coste de la energía puede conllevar un mayor riesgo para las arcas públicas y la solvencia de las entidades financieras. En concreto, el regulador financiero cifra en el 20% el volumen de crédito ICO en ‘vigilancia especial‘ a cierre de 2021, es decir concedido a clientes en los que existe riesgo de que no puedan devolver la financiación. Son cuatro puntos más que en el primer semestre del año y en cifras brutas supone 17.900 millones de euros.

El último informe de estabilidad financiera presentado por el organismo advierte también de un notable aumento de los créditos dudosos, que son aquellos en los que el cliente deja de hacer frente a la devolución del principal o los intereses durante un plazo de 90 días. En este caso la ratio alcanza el 3,5% tras casi duplicarse en seis meses y alcanza ya los 3.000 millones. La mayoría de estos créditos están vinculados a sectores especialmente golpeados por la pandemia como la hostelería y el turismo. Sumando ambas cifras, el Banco de España apunta a riesgo de impagos en una financiación total de 21.000 millones de euros, equivalente a una cuarta parte de los préstamos incluidos en el programa de avales.

El Banco de España señala que el freno económico motivado por la crisis en Ucrania, el fuerte incremento de los costes energéticos y la subida de los tipos de interés podrían seguir elevando estas cifras en los próximos meses. «Las empresas que han optado a préstamos ICO y que presentan alguna señal de vulnerabilidad podrían ver también más deteriorada su calidad crediticia por los impactos del conflicto bélico en Ucrania y el repunte de la inflación, especialmente en los sectores más afectados por la nueva crisis», destaca el informe.

Precisamente, un 35% de los créditos con aval público finalizan su periodo de carencia en el segundo trimestre de 2022 y esto arrojará luz sobre el estado financiero real de los deudores. El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, restó ayer importancia a estos vencimientos y confió en que el grueso de los clientes sean capaces de iniciar la devolución del préstamo sin mayores complicaciones. El regulador es más cauto, aunque cree que las recientes medidas aprobadas por el Gobierno para facilitar la refinanciación de los créditos y el mantenimiento de las condiciones laxas en las líneas de circulante ayudarán a mitigar el impacto.

Por otro lado, el Banco de España urge al Ejecutivo de Pedro Sánchez a diseñar un plan de ajuste que haga frente a una de las mayores vulnerabilidades que sufre la economía española: su enorme volumen de deuda pública en comparación con su PIB. Este indicador ha subido en 20 puntos durante la pandemia y puede conllevar importantes riesgos para el país si aumenta el coste de financiación como consecuencia de la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales.

«Los elevados niveles de déficit y endeudamiento público hacen a la economía española vulnerable al deterioro de las condiciones de financiación y limita el espacio fiscal para reaccionar ante la materialización de nuevos riesgos. En particular, esta vulnerabilidad se puede hacer más evidente en un contexto de elevada incertidumbre como el actual, en el que se pueden producir episodios de aversión al riesgo asociados a deterioros adicionales de la situación geopolítica», avisa el informe de estabilidad financiera.

El Banco de España cree que aún es pronto para frenar las políticas de gasto público debido a las incertidumbres que se ciernen sobre la economía y a que ésta aún no ha recuperado los niveles previos a la irrupción del Covid. Sin embargo, pide que se diseñe el plan de actuación y se tenga listo para reaccionar ante un empeoramiento de la situación financiera global. Si no se actúa, añade, la deuda pública continuará aumentando «dado el previsible incremento de los gastos ligados al envejecimiento de la población», lo que supone «un claro riesgo para la economía española y para sus agentes».

«Cuanto más se tarde en anunciar medidas que contrarresten el actual déficit estructural y los crecientes gastos por el envejecimiento poblacional, más probable será que los agentes comiencen a desconfiar de la aplicación efectiva de dichas medidas o más probable será la aparición de una nueva perturbación económica negativa, a la que nuestra economía se enfrentaría con una limitada capacidad de maniobra», apunta.