Trabajo se plantea volver a prohibir el despido procedente por el impacto de la guerra en el empleo
El Ministerio de Trabajo está planteándose la posibilidad de volver a prohibir el despido objetivo o procedente, como ya se hizo durante la pandemia, para evitar extinciones de contratos motivadas por el impacto de la guerra en Ucrania y que, en caso de producirse, pasen a ser consideradas improcedentes y conlleven por ello una mayor indemnización para el trabajador.
La medida podría formar parte del plan de choque que el Gobierno prepara para su aprobación como decreto ley en el Consejo de Ministros del martes 29 de marzo, según ha avanzado Efe, y que tiene como objetivo contrarrestar los efectos de la escalada de los precios de consumo y, en particular, de los productos energéticos. Esta medida podrá abordar el impacto directo de esta situación en el empleo.
En declaraciones en el Congreso este jueves, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que «no es el momento de despedir, esto es lo que nos ha dado resultado en la crisis anterior, y no es el momento de bajar salarios», sobre todo teniendo en cuenta que las empresas cotizadas obtuvieron en 2021 «beneficios récord».
Durante la pandemia se prohibieron los despidos objetivos (indemnizados con 20 días por año trabajado) que alegaran causas relacionadas con la covid-19. En caso de de despido, éste debería ser tratado como improcedente. Si el trabajador no estaba de acuerdo, sería un tribunal el que decidiera si ese despido debía ser considerado nulo -y, por tanto, el empleado tenía que ser readmitido-, o si era pertinente un despido improcedente con una indemnización de 33 días por año trabajado -o 45 por los años trabajados antes del 12/02/2012 en que entró en vigor la reforma laboral del PP-.
Según ha explicado la vicepresidenta este jueves, el decreto ley del martes incluirá «un bloque de medidas laborales«, además de las energéticas y sociales.
Asimismo, ha recordado que el nuevo esquema para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el mecanismo Red, ya está vigente y puede usarse en cualquier momento, si bien requiere la activación previa del Consejo de Ministros. Por ahora, sólo está permitido que lo utilicen las agencias de viajes, pero el Gobierno podría ampliarlo a otros sectores afectados por la inflación, el desabastecimiento, el encarecimiento de la energía y la huelga de transportes, como le piden los sindicatos.
