Situación en Vichada y Arauca es dramática, dice HRW

Los esfuerzos que viene haciendo el gobierno para proteger a la población civil y de refugiados en Arauca y el Vichada han sido hasta el momento pobres e insuficientes y es necesaria una declaración de ¨calamidad pública¨ para atender la crisis.

Eso dijeron esta mañana durante un evento de prensa funcionarios de HRW en el marco del lanzamiento de un reporte sobre la violencia que se viene registrando en la frontera entre Colombia y Venezuela, y que, según la ONG, está disparada desde comienzos de año.

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El reporte, basado en una investigación en el terreno y entrevistas con más de 100 personas, documenta los abusos que vienen cometiendo tanto las disidencias de las Farc como el Eln en su disputa por el control territorial en esta zona de frontera. Así mismo, la participación en los abusos de las fuerzas de seguridad venezolana que, según HRW, está cooperando con el Eln.

¨La situación humanitaria que están viviendo más de 7.000 personas en estos departamentos, entre desplazados internos y venezolanos refugiados, es desesperada. Es urgente que se tomen medidas¨, dijo Juan Pappier, uno de los autores del reporte.

De acuerdo con HRW, a pesar de los esfuerzos de las agencias humanitarias internacionales, cientos de desplazados no tienen suficiente acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud, especialmente en Vichada.

¨Muchos indígenas desplazados a Vichada desde Venezuela viven a orillas del río Meta en albergues improvisados. En Arauca y Vichada, los grupos armados han amenazado a algunas personas desplazadas, y las agencias humanitarias dicen que los niños desplazados están en riesgo de ser reclutados por grupos armados¨.

Según esta organización, si bien las autoridades colombianas han intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca, las operaciones militares no han protegido suficientemente a la población ni se dedican recursos suficientes para atender la crisis.

¨Las autoridades colombianas deben evaluar urgentemente las necesidades humanitarias de quienes huyeron de Apure, así como crear e implementar un plan de respuesta humanitaria para asistir a esa población. En Vichada, deberían considerar decretar un “estado de calamidad pública”, que con arreglo a la legislación colombiana permitiría la asignación de mayores recursos por parte del gobierno nacional para brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas. Las autoridades colombianas también deberían garantizar el acceso a un estatus legal en Colombia para los venezolanos obligados a huir de Apure¨, dijo HRW.

En el reporte HRW dice que se han reportado al menos 103 homicidios en la zona entre enero y febrero de este año, ¨de lejos la cifra más alta de asesinatos en los primeros dos meses del año en Arauca desde el 2010¨.

Además, afirman, desde que iniciaron los enfrentamientos entre el ELN y el Comando Conjunto de Oriente (disidencias de las Farc), al menos 3,860 personas

En relación a los nexos entre las fuerzas de seguridad y el Eln, HRW dice que se trata de un fenómeno nuevo y muy preocupante.

¨Llevamos años recibiendo evidencia y testimonios de la tolerancia de las Fuerzas Armadas con grupos criminales en Apure y zonas de la frontera. Pero aquí la evidencia va más allá. No solo es tolerancia sino operaciones conjuntas en las que el Eln hace la tarea sucia de cometer los atropellos¨, afirmó Pappier.

De acuerdo con este investigador, ¨estamos viendo que las fuerzas de seguridad y la fiscalía venezolana reportan capturas y golpes contra la guerrilla pero de forma exclusiva contra las disidencias, lo cual sugiere fuertemente que están trabajando de manera conjunta para sacar a este grupo de la zona con el objetivo de apoderarse del control en el área y las economías ilícitas de narcotráfico, contrabando y tráfico de oro¨.

En el informe la ONG le pide a la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela ahondar en las denuncias de complicidad por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure, incluyendo el Eln y los grupos disidentes de las Farc como parte del mandato que tiene la misión para investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68

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