Si el Gobierno vuelve a prohibir el despido objetivo, ¿los trabajadores estarán blindados?

El Gobierno está estudiando la posibilidad de volver a prohibir el despido objetivo, como hizo durante la pandemia, para evitar que el impacto de la guerra en los precios acabe repercutiendo en los niveles de empleo y disuadir a las compañías de optar por esta vía para reducir costes, según ha adelantado Efe este jueves.

Aunque el Ministerio de Trabajo recurre a la expresión «prohibición», en realidad despedir seguiría estando permitido igual que lo estaba durante la pandemia. Sin embargo, no se puede considerar procedente un despido objetivo por causas económicas. Por ello, ante un despido de estas características que el trabajador no aceptará, será un Tribunal el que dictamine si el despido debe ser declarado nulo -y la empresa tendría que readmitir al trabajador- o si debería ser tramitado como despido improcedente.

Implica mayor protección, en el sentido de que se disuade a la empresa de despedir porque le saldrá más caro, pero no evita que pueda ir a la calle. Si el despido se declara improcedente, el trabajador será indemnizado con 33 días por año trabajado (y 45 días para el periodo trabajado antes del 12 de febrero de 2012, en que se aprobó la reforma laboral). El despido procedente conlleva una indemnización muy inferior: de 20 días por año trabajado.

Para la compañía resultará más caro prescindir de un trabajador. El objetivo de la medida es que en vez de intentar recortar costes por la vía del empleo, las empresas busquen otras alternativas. Este política, durante la pandemia, estuvo acompañada de un refuerzo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que eran muy ventajosos para las empresas al verse exoneradas del pago de cotizaciones sociales a la Seguridad Social. A nivel macroeconómico, al Gobierno le interesaban más los ERTE que los despidos porque, aunque el coste de abonar la prestación por desempleo es la misma, los afectados por ERTE no computan como parados sino como afiliados a la Seguridad Social.

Con la reforma laboral, el Gobierno habilitó un nuevo modelo de ERTE, denominado Mecanismo RED, para los sectores que no hubieran recuperado su nivel de actividad. Este modelo, no obstante, tiene que ser activado por el Consejo de Ministros y hasta la fecha éste sólo contempla utilizarlo para las agencias de viaje. De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá rechazó expresamente activarlos para cualquier otro sector. Sin embargo, los sindicatos están presionando al Ejecutivo para que lo active también para las empresas afectadas por los efectos colaterales de la guerra, una medida que también podría salir adelante.

La subida de los precios de la electricidad, el gas y los carburantes ha provocado una ola expansiva sobre todos los sectores económicos. Muchas áreas de la industria se han visto obligadas a parar su producción -y meter a sus trabajadores en un ERTE- ante el encarecimiento de costes, mientras que las empresas agroalimentarias están sufriendo la huelga de transportes y el desabastecimiento, lo que en muchos casos también les ha llevado ya a prescindir de los trabajadores.

El Gobierno aprobará el próximo martes, 29 de marzo, un plan de choque para afrontar las consecuencias de la guerra y promover una bajada de los precios. Según ha adelantado este jueves la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el plan incluirá un paquete de medidas laborales entre las que podría figurar esta prohibición.