Piñera promulga una ley que endurece las penas en casos de ataques incendiarios a vehículos con personas en su interior

Piñera promulga una ley que endurece las penas en casos de ataques incendiarios a vehículos con personas en su interior

La nueva norma modifica el Código Penal chileno e incluye condenas que van desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este miércoles la ‘Ley Juan Barrios’, que permite endurecer las penas en casos de ataques incendiarios contra vehículos en los que se encuentren personas en su interior.

La promulgación de la nueva ley, que abre paso a la imposición de sentencias a cadena perpetua, había sido aprobada el martes por el Congreso chileno y lleva el nombre de un camionero que murió tras ser víctima de un ataque incendiario en la región de La Araucanía, al sur de Chile, durante el año 2020, cuando pernoctaba dentro de su camión.

«Incendiar un camión o un vehículo que pueda tener personas en su interior debe tener la misma gravedad que quemar una casa o un lugar habitado y por lo tanto debe tener la misma pena», dijo Piñera durante el acto televisado realizado en el Palacio de la Moneda.

La Presidencia de Chile explicó en un despacho de prensa que la nueva ley modifica el Código Penal para incluir a los vehículos motorizados con personas en su interior a los delitos de incendio, y crea una nueva agravante para quienes incurran en el ilícito. La iniciativa incorpora nuevas penas que llegan hasta presidio perpetuo.

Las ataques con resultado de muerte, mutilaciones o lesiones graves, incluyen penas que van desde los 15 años hasta el presidio perpetuo; mientras que los casos en los que haya heridos, las condenas irán desde los 10 años de cárcel hasta la perpetuidad.

¿Qué está ocurriendo en el sur de Chile?

La nueva normativa fue promulgada en el marco de un conflicto territorial, que tiene que ver con el histórico reclamo de comunidades mapuches en relación al avance de la propiedad privada sobre sus tierras consideradas ancestrales, algo que ocurre desde la conformación del Estado chileno, en la segunda mitad del siglo XIX.

De esta antigua demanda del pueblo mapuche, que ocurre paralelamente en territorio argentino, han surgido grupos minoritarios que se adjudican acciones violentas (incendios, vandalismo, tiroteos) a un lado y al otro de la cordillera de los Andes, aunque se dan con mayor frecuencia del lado de Chile. 

Frente a los atentados registrados en el último tiempo en la región del sur, más precisamente en las provincias de Arauco, Cautín y Malleco, el presidente Piñera ha declarado el pasado 12 octubre —Día del Respeto a la Diversidad Cultural— el estado de excepción constitucional, que autoriza el accionar de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interior, únicamente en las zonas en conflicto.

Esta medida fue prorrogada por cuarta vez la semana pasada, aunque los hechos de violencia, lejos de aminorar, han aumentado. 

Organizaciones de derechos humanos, parte de la oposición y las propias comunidades indígenas han manifestado su rechazo a estas políticas de militarización, ya que consideran que, además de estigmatizar a toda la población mapuche, incrementan la conflictividad y alejan las posibilidades de una solución pacífica, sostenible y justa para las comunidades originarias.