Malestar empresarial con el Gobierno por el cambio de plazos en la concesión de ayudas de la Sepi y Cofides

Malestar empresarial con el Gobierno por el cambio de plazos en la concesión de ayudas de la Sepi y Cofides

Atasco en la Sepi a dos meses de que expire el fondo de rescate: 8.000 millones sin usar con la prórroga en manos de Bruselas

El próximo 30 de junio acaba el plazo oficialmente para que las empresas puedan solicitar ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia a la Sepi y del fondo de recapitalización de Cofides, pero en la práctica estos organismos viven tal situación de colapso que no van a revisar ninguna de las solicitudes que hayan entrado a partir del 20 de abril, según han confirmado a EL MUNDO varios asesores financieros contratados por estos organismos.

Esta decisión, que podría cambiar si la Comisión Europea permite al Gobierno ampliar el plazo para poder revisar todos los expedientes acumulados, ha enfurecido a las empresas que están trabajando contrarreloj para presentar solicitudes de aquí a finales de junio. «Si revisan el expediente y deciden no conceder la ayuda no pasa nada, pero como digan que no van a revisar siquiera la solicitud es para denunciarlos porque en la documentación oficial decían que el plazo para pedir las ayudas vencía el 30 de junio«, advierte una compañía que asesora a pymes para pedir estas ayudas.

En su caso, la próxima semana presentará la solicitud de dos pymes al fondo de recapitalización de Cofides, proveedoras del sector aeronáutico y de la automoción, muy afectados por la pandemia.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron la semana pasada y este lunes a este periódico que la Sepi trabaja «con el calendario actual para concluir los expedientes a 30 de junio«, pero lo cierto es que la intención de este organismo es no analizar ningún documento que haya entrado a partir del 20 de abril, como le trasladó a sus asesores.

«Hace tres semanas, Cofides convocó a todo el pool de asesores financieros y también legales y nos avisaron de que aunque había rumores de que los plazos se podrían prorrogar no iba a ser así. Fue en torno al 20 de abril y nos dijeron que desde esa fecha no iban a aceptar peticiones de nuevas operaciones. Nos dijeron: vamos a librar las que tenemos en curso y cerramos«, explica a este medio Àlex Soler-Lluró, socio responsable de Turnaround y Restructuring Strategy de EY, uno de los asesores financieros involucrados.

EY, como hacen el resto de los asesores, además de ayudar a la Sepi y Cofides a valorar las solicitudes también dan soporte a compañías que están interesadas en presentar una solicitud y «las acompañan» en ese proceso. De hecho, la mayoría de las empresas que piden rescates a estos organismos lo hacen de la mano de estos asesores, de ahí que Sepi y Cofides les pidieran que no presentaran más expedientes.

«Nos pidieron expresamente que no presentáramos más. Nos dijeron: la situación es de colapso absoluto, no podemos atender las peticiones que tenemos y desde el 20 de abril no miraremos más solicitudes«, explica.

Coincide con él Riccardo Pacelli, senior managing director del área de reestructuraciones de FTI Consulting, otro de los asesores financieros del Gobierno, a quien también trasladaron que desde el día 20 de abril no se aceptarían solicitudes.

En su opinión, lo más probable es que el Gobierno negocie una prórroga con Bruselas para poder ampliar el periodo de gestión de los expedientes pendientes. Por el momento, ni Hacienda ni la Comisión Europea confirman a este medio si esa negociación se está produciendo, aunque los asesores dan por hecho que el Gobierno pedirá cuatro meses de margen, como adelantó el lunes Cinco Días.

«Creo que van a aplicar el mismo criterio que en la última prórroga. Si dan otros cuatro meses, se comunicará cuando quede un mes para que acabe el plazo y dejarán a las empresas presentar solicitudes hasta el 30 de junio y ya no más. En el periodo restante las evaluarán, porque con el diseño inicial en teoría decían que si entraba una solicitud el día 29 de junio tenían obligación de revisarla por ser antes del 30, pero no iba a ser así», apunta.

Ese plazo extra será, por tanto, para seguir tramitando expedientes que ya están abiertos y no para admitir nuevas operaciones. Los asesores consultados por este medio explican que el proceso de evaluación de un expediente es largo. En el caso de Cofides, por ejemplo, hace un primer cribado, después celebra una primera reunión con la empresa, luego la agencia de calificación Inbonis emite su rating de la compañía en un plazo de unos diez días y, si está entre los estándares que marca Cofides, entonces se eligen asesores y se les da un plazo de tres a cuatro semanas para emitir el informe. En total lleva en torno a un mes y medio.

A este tiempo hay que sumar el periodo para negociar contratos, trabajar con las entidades financieras, etc. «Se tarda tanto en el proceso que tenía sentido que las peticiones dejarán de admitirse a 20 de abril, porque las que entran en esa fecha casi consumen el plazo hasta el 30 de junio. Pero si amplían cuatro meses, darán juego tanto para cerrar las que están abiertas como las nuevas», explica el experto de EY.

Tanto las ayudas de la Sepi como las de Cofides son para empresas afectadas por la pandemia, por lo que los expertos creen que todas las compañías que no hayan podido demostrar todavía el impacto sufrido en 2020 y 2021 y presentar la solicitud, es difícil que puedan hacerlo próximamente.

Hasta la fecha, la Sepi ha concedido ayudas a 21 empresas por 2.191 millones aunque contaba con un presupuesto de 10.000 y ha recibido solicitudes por un valor total de 5.310 millones. Cofides, por su parte, contaba con 1.000 millones de dotación y ha concedido ayudas por 325 millones.