Los sindicatos sólo aceptarán el pacto de rentas si se recuperan las cláusulas de subida con el IPC

Los sindicatos sólo aceptarán el pacto de rentas si se recuperan las cláusulas de subida con el IPC

Los sindicatos no ceden a presiones y aseguran que ellos no firmarán un pacto de rentas si no se recuperan de forma generalizada en todos los convenios las cláusulas de garantía salarial, que aseguran que los salarios de los trabajadores se revisan anualmente para compensar la subida de la inflación.

«Sin clausulas de salvaguarda no va a haber un pacto de rentas, hay que pactar subidas salariales vinculadas a cláusulas. De ese esquema los sindicatos no nos vamos a mover», ha advertido este miércoles Unai Sordo, líder de CCOO, en una rueda de prensa conjunta con UGT en la que han anunciado movilizaciones por todo el país para el día 23 de marzo.

Los sindicatos y la patronal están negociando un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el que estipularán las subidas salariales para los próximos años, y a la vez el Gobierno les presiona para firmar un pacto de rentas en el que ambas partes acuerden repartirse el coste de la crisis económica derivada de la guerra: unos renunciando a subidas salariales más fuertes y otros asumiendo un estrechamiento de sus márgenes de beneficio.

Aunque los sindicatos están dispuestos a aceptar subidas de sueldo moderadas, por debajo del nivel actual de la inflación, que en febrero se situó en el 7,6%, sólo lo harán si se recupera la incorporación de cláusulas de revisión salarial. Estas permiten que a final de cada año, el sueldo de los trabajadores se revalorice de forma automática conforme a la inflación -normalmente el promedio del año-.

Estas cláusulas suponen una forma de indiciación de la economía a los precios y son muy peligrosas a nivel macroeconómico, según ha advertido en numerosas ocasiones el Banco de España, que celebraba el año pasado que apenas un 17% de los convenios las mantenían.

Este martes, el gobernador Pablo Hernández de Cos lamentaba que en lo que va de año la proporción de convenios con cláusulas de revisión ha pasado del 17% al 30% de los convenios firmados para este año y llegan ya al 50% para los convenios relativos a 2023. El supervisor aconsejaba que se revierta esta tendencia.

«Sería deseable que se eviten fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia. Un incremento o generalización de estas cláusulas elevaría significativamente el riesgo de que se materializara una eventual espiral de incrementos salarios-precios (…) Este tipo de cláusulas suponen, con carácter general, un traslado automático de los mayores precios futuros a los salarios, con independencia del tipo de perturbación que ocasione los aumentos de precios y generan, por tanto, los efectos de segunda ronda mencionados que se quieren evitar», avisaba De Cos.

El gobernador ve «particularmente importante» evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista.

Pese a la presión del Ejecutivo, los sindicatos no tienen prisa por llegar a un acuerdo y ya avanzaron este miércoles que posiblemente no lo conseguirán hasta abril.

«No va a ser tan fácil tener el AENC en el mes de marzo, no hay fecha ni estamos esperando ningún elemento nuevo. La reunión del 24 y 25 de marzo [del Consejo Europeo] va a tener más peso, va a ayudarnos a saber si podemos entrar en un proceso de contener los precios o no», explicaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Él reclama que la Unión Europea autorice «a los estados a levantar las normas que impiden el control de los precios, sobre todo, en materia de energía, permitiendo desvincular el precio de la electricidad del precio del gas». Si esto sucede los días 24 y 25, después de su movilización, y se traduce en medidas por parte del Ejecutivo el día 29, entonces ellos podrían estar más dispuestos a firmar un pacto ya en abril.

Álvarez ha pedido que se tomen medidas y se intervengan «los 200.000 millones de euros que se llevan las eléctricas de toda la UE como consecuencia de la mala regulación de los precios».

«Seguramente haya que tomar medidas de gravamen en algunas empresas y sectores, también medidas fiscales de emergencia -como el IVA super reducido o mantener las medidas de rebaja fiscal en los precios energéticos-, pero no confundamos esto con la cuestión de fondo, que es la que va a determinar cómo evolucionan los precios, y es si se cambia cómo funciona el sistema de fijación de precios en España y Europa. Si se va a continuar con los beneficios caídos del cielo, esta es la batalla en este momento», ha recalcado Sordo.