Los huelguistas pierden apoyos e intensificarán «la recta final» de la protesta

El paquete de ayudas, medidas y compromisos diseñadopor el Gobierno a favor del sector del transporte ha abierto la división entre los trabajadores y empresarios en paro. La plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera animó ayer a sus seguidores a sostener una protesta, «que ya está en la recta final». Mientras, fuentes del sector de la logística indicaban que la actividad se había retomado ya en las carreteras españolas con mucha agilidad y preveían a finales de semana se volverá a la situación de abastecimiento previa a la protesta.

«Se está retomando la actividad con mucha agilidad, priorizándose en las cadenas logísticas la alimentación humana y animal«, explicaban ayer en la Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO. Según esta organización socia de CEOE, la situación actual «es de práctica normalidad», con la vuelta de los transportistas al trabajo «de forma mayoritaria», aunque con «piquetes aislados intentando bloquear la actividad en Asturias y Cádiz».

La división entre los transportistas tras el acuerdo del Gobierno con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) fue destacada ayer también por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Su presidente, Lorenzo Amor, aseguró que el 95% de los 207.000 autónomos del transporte en España ya está trabajando y dirigió severas críticas contra la organización que ha liderado las protestas en las últimas semanas. «Las organizaciones no estamos para desgastar gobiernos. Las organizaciones estamos para hablar, negociar, dialogar, consensuar y acordar con los Gobiernos. Ese es el mandato constitucional que tienen las organizaciones que representan a empresarios, autónomos o trabajadores», afirmó.

Si el acuerdo termina de convencer a los transportistas se verá definitivamente en las próximas horas. El plan del Gobierno contra las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania incluye un último intento del Ejecutivo por amainar las protestas de los transportistas y poner fin a la huelga que suma hoy 15 jornadas consecutivas. En concreto, dentro de la batería de medidas presentadas esta mañana por el presidente, Pedro Sánchez, se contempla el «compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo».

La propuesta es la última reivindicación que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, liderada por Manuel Hernández, exigió a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la reunión que ambos mantuvieron el pasado viernes por la tarde, una vez que la propia ministra había cerrado un acuerdo sectorial con la patronal CNTC. La imposibilidad de ponerla en marcha de forma inmediata, como exigía Hernández, hizo que los huelguistas mantuvieran el pulso al Ejecutivo y decidieran continuar con los paros.

Y por si quedaba alguna duda, la misma plataforma difundió un comunicado ayer por la tarde en el que reiteraba su posición. «La administración sí o sí tiene que darnos una solución porque tampoco pueden aguantar mucho más este panorama», aseguran. «El análisis de la situación actual del transporte es que en estos momentos estamos mucho peor que cuando paramos, el gasóleo más caro y con previsiones de subir mucho más, y el precio de los portes, a pesar de que están ofreciendo cantidades más elevadas, sabemos que en el momento que desatasquen sus almacenes volverán a pagar lo que estaban pagando. Por tanto, y desgraciadamente, es menos malo seguir parados hasta encontrar una solución, que trabajar en las condiciones actuales», añaden. En la nota, la organización confía en «estar en la recta final» de la protesta y anima a sus socios a continuar en ella: «Sigamos hasta el final», concluye.

La medida anunciada por Pedro Sánchez es en realidad una exigencia histórica del sector y lo que hace el Gobierno ahora es comprometerse a aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector, reequilibrando así las asimetrías existentes entre sus diferentes actores.

El problema son los tiempos. «Se ha comprometido en un plazo de dos o tres meses a presentarnos un borrador de ley para garantizar la imposibilidad de poder contratar el transporte a pérdidas, pero consideramos que en estos dos o tres meses necesitamos alguna medida transitoria», explicó Manuel para justificar su postura y la de la plataforma.

Raquel Sánchez les explicó en esa reunión algo que ahora reiteran fuentes del Ministerio, que el Gobierno quiere tener listo un borrador que aborde esta problemática antes del 31 de julio, que intentarán tenerlo en un plazo anterior a esa fecha, que es imposible hacer un proyecto de ley, ni siquiera transitorio, en tres días, y que «las medidas transitorias son los 1.050 millones de euros» que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa para paliar la situación de los transportistas en estos meses.

Raquel Sánchez ha asegurado este lunes en declaraciones a RNE, que no tiene nada más que hablar con los huelguistas. Las fuentes consultadas aseguran que no saben si se producirá o no una nueva reunión, aunque explican que, de producirse, «sería para volver a explicar lo mismo, porque en lo que respecta al contenido no se podrá ir más allá».

El plan incluye una treintena de propuestas entre las que destaca una bonificación de 20 céntimos por litro en combustible para el sector que incluye gasóleo, gasolina, gas y adBlue, de los cuales el Estado aportará 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos por litro. El descuento estará vigente desde el 1 de abril hasta el 30 de junio aunque será prorrogable «según evolucionen los mercados». Según los cálculos del Ministerio de Transporte, la bonificación supondrá un ahorro de unos 700 euros por camión al mes, y una inyección de «600 millones de euros para el sector».

A esa cantidad habría que sumar 450 millones en ayudas directas para las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias).

Además, con la intención de garantizar la liquidez de las compañías, se incluirá una ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años, y una ampliación del período de carencia de los créditos avalados por el ICO de 6 meses, como medida de aplicación inmediata.

También se establecerá una nueva línea de créditos al sector avalados por el ICO con 12 meses de carencia y la devolución mensual del combustible profesional desde abril, frente al período trimestral vigente actualmente, y puesta en marcha de un sistema de devolución anticipada mensual con regularización anual.

Dentro del conjunto de medidas sociales, dirigidas a garantizar la protección social para los autónomos, se duplicará la dotación presupuestaria de las ayudas al abandono a la profesión de transportista, al pasar de 10 a 20 millones de euros en 2022. En este sentido, el sector del transporte por carretera se caracteriza por la existencia de un número importante de profesionales de edad elevada para este tipo de trabajo, con carencia de recursos para el abandono de la actividad antes de cumplir 65 años.

Esta situación supone una incidencia social para la que el Ministerio destina una importante partida presupuestaria, con ayudas por autónomo de 30.000 euros y que, gracias al acuerdo alcanzado, duplicará dichas cuantías para ayudar así a un mayor número de autónomos a poder afrontar el abandono de la actividad.