Los casos pendientes de la Corte de La Haya sobre controversias limítrofes
Colombia y Nicaragua no son los únicos países latinos que se han enfrentado en la CIJ. Conozca más.
Colombia y Nicaragua no son los únicos países latinos que se han enfrentado en la CIJ. Conozca más.
A propósito del más reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la jurisdicción del mar entre Colombia y Nicaragua, vale la pena revisar otros de los sonados casos internacionales sobre tratados limítrofes que tras años de ocurrir aún están pendientes por una decisión del organismo judicial.
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El caso más reciente es el dado entre Gabón y Guinea Ecuatorial, países africanos que se presentaron conjuntamente ante el tribunal, en marzo de 2021, para resolver una controversia histórica sobre la soberanía de las islas Mbañe, Cocotero y Conga, ubicadas en la Bahía de Corisco.
En un compromiso firmado por ambos países, se solicita a la CIJ “que determine si los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales invocados por las partes son aplicables en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en lo que se refiere a la delimitación de sus fronteras marítima y terrestre comunes”, además de del debate de soberanía de las islas.
La Corte fijó el 5 de mayo como plazo que Gabón presente una contramemoria con respecto al caso.
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Cabe anotar que Ucrania se presentó ante la CIJ el 26 de febrero, tan solo dos días después del inicio de la “operación militar especial” declarada por Rusia en el país. Sin embargo, el caso, ya resuelto, no denunciaba la Federación Rusa liderada por Vladimir Putin por violar la soberanía del territorio, sino que trataba alegaciones de genocidio.
Gracias a un fast-track de la investigación, el tribunal internacional dio respuesta en menos de un mes y determinó, el 16 de marzo, que Rusia estaba obligada a “suspender inmediatamente las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero de 2022 en el territorio de Ucrania”.
Pleitos de países latinoamericanos
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei habla durante una conferencia de prensa.
Esteban Biba / EFE
En la actualidad, hay dos fallos en proceso concernientes a la región de Latinoamérica. Uno de ellos es la reclamación territorial de Guatemala sobre Belice, que dio inicio en junio de 2019.
Ambos estados centroamericanos realizaron un referéndum interno en el que le preguntaron a sus ciudadanos: “¿Está de acuerdo en que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice relacionado con territorios terrestres e insulares y cualquier área marítima generada por ellos se presente a la Corte Internacional de Justicia para su solución definitiva y que esto delimita definitivamente los respectivos territorios y espacios de las partes?”.
En abril de 2018, Guatemala voto sí ante la proposición, mientras que la población de Bélice aceptó en mayo de 2019.
El caso sigue abierto, pero, sin importar cuál sea la decisión, las partes se comprometieron a aceptarla de manera “definitiva y vinculante”.
Otro pleito aún sin resolver es la controversia entre Guyana y Venezuela sobre el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, el cual fijó las fronteras internacionales entre ambos territorios. Desde hace años, el país liderado por Nicolás Maduro ha rechazado categóricamente dicha decisión, por lo que, según Guyana, ha vulnerado su soberanía durante décadas.
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La actitud pasiva de Guyana cambió cuando en 2015, Exxon Mobile hizo un importante hallazgo de yacimientos de hidrocarburos en la zona en disputa, llamada Esequibo. Ese año, según infomó la BBC, Maduro “exigió que Guyana detenga la exploración de petróleo en el territorio en altamar en disputa”.
Estas declaraciones causaron quetanto Guyana como la Exxon Mobile tomaran una postura defensiva y decidieran demandar a Venezuela ante al CIJ para que se respete el laudo de 1899. Incluso, la empresa de hidrocarburos financió con 15 millones de dólares la defensa de Guyana ante el Tribunal.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, pronuncia un discurso sobre el Estado de la Unión en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el sábado 15 de enero de 2022.
Gaby Oraa/Bloomberg
La determinación más reciente en esta controversia se dio en diciembre de 2020, cuando la Corte de La Haya decidió, con 12 votos a favor y cuatro en contra, que era competente para proferir una decisión con respecto al pleito.
Venezuela, como era de esperarse, rechazó el hecho y es probable que si el fallo beneficia a Guyana, la República Bolivariana no cumpla con el mismo, dado que la CIJ no tiene facultades de cumplimiento, por lo que la zona de Esequibo podría seguir en disputa de manera indefinida.
“En los mapas venezolanos, la región aparece como una parte más del país bolivariano, aunque en ocasiones se muestra como territorio en reclamación”, constata información de EFE.
Algunos casos resueltos
Desde su creación en 1946, a la CIJ han llegado más de 170 casos, de los cuales destacan varios concernientes al debate limítrofe entre países.
Dos de ellos incluyen a otros dos países latinoamericanos: Chile y Bolivia. En su primera controversia, presentada en 2013, Bolivia demandaba ante la Corte que Chile estaba en la obligación a negociar una salida al Océano Pacífico debido a los ofrecimientos dados por Augusto Pinochet en 1975 por medio del Acuerdo de Charaña.
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En esa ocasión, con 12 votos a favor y solo tres en contra, se desestimaron las pretensiones de Bolivia. Sin embargo, el pleito no finalizó ahí. En 2016, Chile presentó una demanda ante la CIJ en contra del Estado Plurinacional debido al presunto mal uso de las aguas del sistema hídrico Silala, que colinda entre ambos países y que, según Chile, es de carácter internacional.
Este caso aún se encuentra en curso.
En Asia, una de las controversias más sonadas se dio entre China y Filipinas, pues este último interpuso una demanda unilateral, sobre la disputa del Mar de China Meridional.
En el fallo, la CIJ determinó que Pekín no tiene poder sobre las islas en esta zona, pues su único argumento, en el que profería “derechos históricos” en el archipiélago, no fue suficiente para convencer a la Corte.
DIEGO ANDRÉS STACEY SALAZAR
REDACCIÓN INTERNACIONAL
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