La UE apuntala el camino hacia el cargador universal para todos los teléfonos móviles

Durante la última década, el número de cargadores móviles ha pasado de treinta a tres. Ahora, la Unión Europea da un paso más para establecer un cargador único para todos los dispositivos electrónicos. Con esta medida, la Comisión Europea busca alcanzar el doble objetivo de «reducir de un tirón la frustración de los consumidores y los residuos electrónicos». Una misión que lleva cocinándose en la capital comunitaria desde 2009, pero que no ha salido a la luz con anterioridad en buena parte por las resistencias del sector.

Los europeos poseen, de media, tres cargadores de teléfonos móviles, pero utilizan de forma habitual un máximo de dos. A pesar de ello, el 38% reconoce haber experimentado problemas con cargadores incompatibles para sus teléfonos móviles. La idea es establecer un cargador estándar que evite que los cargadores incompatibles se amontonen en los cajones de los ciudadanos europeos durante años. Se tratará de un USB de tipo C que armonice los puertos de carga para todos los aparatos pequeños y medianos como teléfonos, tablets, auriculares, altavoces portátiles o cámaras digitales, independientemente de cuál sea su fabricante. Entre las pocas excepciones se encuentran aquellos artículos más pequeños como los relojes inteligentes o los rastreadores de salud.

La iniciativa legislativa, que la Comisión Europea presentó el pasado septiembre, emana de una estrategia europea más amplia que busca poner el foco en la economía sostenible y en la vida útil de los aparatos electrónicos. La huella verde se encuentra en el corazón de buena parte de las políticas y normativas cocinadas en Bruselas durante esta legislatura. La transición ecológica es una de las banderas de la actual legislatura que preside Ursula von der Leyen y que tiene como gran meta convertir a Europa en el primer continente neutralmente climático a mitad de siglo.

Según cifras de la Eurocámara, los cargadores para dispositivos electrónicos generan cada año entre 11.000 y 12.000 toneladas de desechos. «El cargador único será un beneficio para todos. Ayudará al medioambiente, servirá para ahorrar dinero y reducirá los costes innecesarios e inconvenientes tanto para fabricantes como para consumidores», asegura el eurodiputado socialdemócrata Alex Agius Saliba, ponente del informe.

La propuesta del Ejecutivo comunitario también incluye la armonización de la tecnología de carga rápida, que busca que los fabricantes puedan jugar con la velocidad de la carga. Y establece la venta por separado de cargadores y dispositivos, una medida que tiene como objetivo limitar su número disminuyendo, de media, la cantidad de residuos electrónicos en cerca de mil toneladas anuales y que se prevé que ahorre a los consumidores europeos unos 250 millones de euros cada año.

La medida genera bastante sintonía en las instituciones y en la sociedad europea, pero cuenta también con importantes detractores. Uno de ellos es el gigante Apple, cuya marca de identidad es la exclusividad de sus artículos. Tras la presentación de la propuesta, la empresa norteamericana mostró su «preocupación» sobre esta «regulación estricta» alegando que la nueva Directiva perjudicaría la innovación. En respuesta, el Ejecutivo comunitario aseguró que la decisión de armonizar los cargadores «no es algo contra Apple ni contra nadie» y recordó que la empresa de la manzana ya utiliza el puerto USB-C en algunos dispositivos como Ipad.

La gran incógnita es ya cuándo la iniciativa se transformará en un hecho. Y, para ello, todavía debe superar el farragoso trámite legislativo, burocrático y negociador de las instituciones europeas. Por lo pronto, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de la Eurocámara ha aprobado esta semana su postura por 43 votos a favor y dos en contra. Ahora, es el Parlamento Europeo en su conjunto el que debe pronunciarse. Lo hará durante el próximo Pleno de Estrasburgo, que se celebrará la primera semana de mayo. Se espera, no obstante, que la medida salga adelante con una holgada mayoría. Tras superar este trámite, comenzarán las negociaciones con el Consejo para pulir los últimos detalles de la legislación. A ello habría que sumarle los dos años concedidos al sector que pueda articular la transición.