La Ley concursal del Gobierno choca con 607 enmiendas en su búsqueda del «consenso político»

La Ley concursal del Gobierno choca con 607 enmiendas en su búsqueda del «consenso político»

La nueva Ley concursal saldrá adelante sí o sí antes del próximo 30 de junio. Es el compromiso que el Gobierno adquirió con Europa para recibir parte de los fondos Next Generation solicitados a la Comisión Europea. Sin embargo, la transposición de la Directiva europea -que data del año 2019- no va a estar exenta de confrontación política. Hasta 607 enmiendas han presentado los distintos grupos parlamentarios a un proyecto que aún marca distancias con nuestros vecinos europeos y a pesar de que la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido en varias ocasiones que se trata de un «proyecto de consenso».

La relevancia que aún mantiene el crédito público dentro de la fase concursal es uno de los aspectos más polémicos a ojos de los expertos. En la mayoría de los países de Europa esta partida no se encuentra privilegiada, no obstante, la Unión Europea opta por ofrecer una legislación ‘laxa’ en esta materia y brinda a los Estados miembro la capacidad de regirse según sus leyes. En España todo apunta a que la prevalencia del mismo continuará vigente, tesitura que, según el sector, «reducirá la segunda oportunidad».

Los administradores concursales avisan de que no rebajar la prioridad actual del crédito público en nuestro ordenamiento contraviene uno de los principios fundamentales sobre los que pivota la Directiva: facilitar la exoneración de deudas para salvaguardar aquellas compañías que sí son viables. «Prácticamente todos los grupos coinciden en que el crédito público no debe tener tanto privilegio porque puede dificultar la segunda oportunidad y uno de los objetivos de esta ley era mejorar el acceso a la misma. Tiene unas prerrogativas que hacen casi inviable los planes de reestructuración», subraya Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac).

A ojos de Comendador, no es el único problema que deriva de la redacción de este documento. El dirigente de Aspac asegura que «el nuevo procedimiento especial diseñado para las microempresas» sitúa a los acreedores en una situación de «indefensión» al ser el deudor quien obtiene todas las facultades para liquidar sus deudas. Sostiene que «debe existir un administrador» para controlar este proceso ya que un deudor en situación de insolvencia «no se va a encontrar en las mejores condiciones anímicas para liquidar su patrimonio», lo que «puede dar lugar a prácticas no ortodoxas y equivocaciones». «Defendemos que tiene que estar controlado por un administrador concursal para que los acreedores estén en la garantía de que esa liquidación se hace de manera ordenada», explica.

El presidente de Aspac recuerda que la ley que se aprobó en el año 2003 fue aprobada «por unanimidad» y anima a los grupos parlamentarios a «lograr un amplio consenso» dentro de la cámara. Recuerda que «es una ley transversal que afecta a todos» y que regula una actividad que anualmente aporta el PIB patrio «entre el 0,5% y el 1%». «Lo deseable es que hubiese un consenso unánime. Lo que va a ser no te lo puedo decir, depende de la flexibilidad del Gobierno. Muchas de las enmiendas de los distintos grupos coinciden, son unánimes. Depende de la flexibilidad del Gobierno para introducir los cambios», remarca.

La moratoria que el Ejecutivo implementó tras estallar la pandemia y que toca a su fin este mes de junio no parece que vaya a colapsar los juzgados españoles, tal y como sostienen fuentes cercanas a la redacción del texto concursal a EL MUNDO. Subrayan que la economía «no atraviesa una situación tan mala» como para generar la mencionada tesitura. «No hay ninguna estadística que indique se pueda producir esta situación», aseveran.

Por su parte, Diego Comendador asegura que se encuentran «expectantes» aunque también sostiene que este aluvión no va a producirse. «Habrá una inmensa mayoría de empresas que se hayan quedado por el camino», afirma.