La izquierda valenciana sacude la Semana Santa con su tasa turística de hasta 2 euros que rechaza el sector

Turismo Valencia se abre a una tasa: ¿Afecta un impuesto al flujo de viajeros?

En plena campaña turística, con prácticamente todo el sector en contra y con la oposición clamando por una bajada de impuestos. A pesar del escenario, los tres socios de izquierdas que sostienen el Gobierno valenciano (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) registraron este lunes en las Cortes, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, la proposición de ley para implantar la controvertida tasa turística. Un nuevo impuesto autonómico que solo ha despertado el interés de la ciudad de Valencia y al que incluso eran reacios los socialistas.

Tal ha sido el rechazo entre la patronal hotelera y alcaldes de todo signo político que la propuesta del llamado Impuesto Valenciano sobre Estancias Turísticas queda en la práctica en manos de los consistorios. Aunque es autonómico, el tributo nace de entrada con una moratoria de un año desde que se apruebe (no se aplicará, por tanto, hasta la siguiente legislatura como mínimo) y una bonificación del 100% sobre la cuota íntegra. Es decir, los ayuntamientos podrán establecer un recargo que «consistirá en un porcentaje sobre la cuota íntegra de hasta un máximo del 100%», según se recoge en la proposición de ley.

El impuesto gravará las estancias en hoteles, campings, casas rurales, apartamentos turísticos e incluso cruceros y yates «cuando realicen escala en un puerto de la Comunidad Valenciana», con tarifas que van desde los 0,5 a los 2 euros por día. Por ejemplo, los hostales y casas rurales de una, dos o tres estrellas cobrarán la tasa mínima, mientras que la máxima se reserva únicamente para estancias en hoteles de cinco estrellas o de cuatro superior. A las embarcaciones de crucero y los yates turísticos se les aplicará una tarifa de 1,5 euros. Pagarán los turistas «al inicio de cada estancia» en los mismos establecimientos.

El porqué de esta progresividad lo explican los propios autores del impuesto en la exposición de motivos del texto: «Grava la capacidad económica puesta de manifiesto por permanecer en un establecimiento turístico, haciéndolo de forma progresiva en función de la categoría». Aun así, la patronal hotelera Hosbec, que llegó a emprender una campaña contra la tasa turística, acusó a los diputados de izquierdas de vivir en «un mundo irreal de élite acomodada». Dicho con otras palabras, que no han tenido en cuenta, según los empresarios, la grave crisis que arrastra la industria turística, que aspiraba precisamente en esta Semana Santa a volver a las cifras prepandemia de ocupación hotelera.

Consciente del malestar, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó ayer que la tasa turística «no es una excentricidad», pero para admitir que «otra cosa es que ahora sea oportuna su aplicación». «No se aplicará con carácter inmediato», aseguró. Los socialistas, de hecho, han tratado de frenar el debate sobre el impuesto que han impulsado desde Compromís y Unidas Podemos. El propio responsable del departamento de Turismo en el Gobierno valenciano, el socialista Francesc Colomer, no ha dudado en oponerse frontalmente la tasa. El PP ya ha dicho que la derogará en cuanto gobierne, aunque su futura aplicación se presume descafeinada.

La proposición de ley usa el argumento de la generalización de este impuesto en otros países para justificar su implantación en la Comunidad Valenciana, que se sumaría en España a las otras dos regiones con tasa turística: Baleares y Cataluña. «Entre los países del sur de Europa, únicamente Chipre no cuenta con una figura tributaria asociada al turismo», apunta el texto registrado por el tripartito, cuya mayoría en las Cortes le permitirá sacarlo adelante.

No hay cálculos de cuánto dinero podría ingresarse con la tasa porque las cantidades que puedan cobrarse dependerán de los ayuntamientos que, además, podrán modular la en función de la temporada alta o baja. Eso sí, en el tripartito valenciano se mira a las comunidades vecinas, que en 2019 recaudaron 196 millones de euros. En el caso valenciano, los ingresos deberán revertir en el «desarrollo del turismo sostenible».