La inflación cargará sobre el sistema de pensiones en 2023 el equivalente a una nueva paga mensual

La inflación cargará sobre el sistema de pensiones en 2023 el equivalente a una nueva paga mensual

La recién estrenada reforma de las pensiones cumplirá un año el próximo mes de diciembre y ya hay dudas sobre si la situación económica derivada de la guerra en Ucrania obligará a aplicar una excepción que permita amortiguar su impacto presupuestario en 2023.

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, descartó el pasado jueves cualquier cambio en la fórmula de revalorización de las pensiones. Pero la factura que debería abonar el Estado para actualizarlas en 2023 hace enarcar las cejas en organismos como la AIReF o el Banco de España. Calviño, que aseguró que para el segundo semestre del año espera que la inflación ceda su desenfreno actual, insistió en el Congreso de los diputados: «Los pensionistas pueden estar tranquilos».

Pero ese mismo día, Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, advertía de que si a corto plazo los efectos de la inflación desbocada pueden ser beneficiosos para el Estado en aspectos como los ingresos por recaudación fiscal o la reducción de deuda, no sucederá lo mismo el año que viene. «La situación cambia en 2023 porque el presupuesto de gastos nacería ya en un contexto de inflación alta con una partida fundamental de gasto, que son las pensiones referenciadas al IPC: nuestras estimaciones son que por cada punto adicional de inflación el gasto crece en 1.500 millones, con lo cual no tenemos mas que ver el nivel de inflación para ver qué impacto presupuestario tendría revalorizar las pensiones con el IPC».

El Banco de España tiene previsto actualizar sus previsiones macroeconómicas esta misma semana y la vicepresidenta Calviño aseguró que el Gobierno también lo hará próximamente. A día de hoy, organismos como Funcas estiman que la inflación media, que es el dato con el que la reciente reforma actualiza las pensiones, ascenderá al 6,8% este año.

La norma señala en concreto que el dato definitivo de revalorización procederá de la media entre los meses de diciembre de 2021 y noviembre de 2022. El ratio de impacto que maneja la AIReF sobre una inflación media del 6,8%, supondría un aumento del gasto en pensiones de 10.200 millones en 2023.

La cifra se quedaría cerca de cubrir lo que representa a día de hoy una nómina mensual de la Seguridad Social, que el pasado mes de marzo ascendió a 10.781,75 millones de euros. La revalorización de las cerca de 10 millones de pensiones contributivas se abona mes a mes en 14 pagas (12 ordinarias más dos extraordinarias) pero en su efecto anual acumulado equivaldría prácticamente a una paga más.

«El efecto neto sobre el presupuesto de la Seguridad Social sería menor porque hay que tener en cuenta los ingresos por cotizaciones», explica Enrique Devesa, doctor en Economía y experto en pensiones. «Por eso no hacemos una previsión del déficit que supondrá aunque el efecto es negativo si se tiene en cuenta que la revalorización es un gasto que se consolida para actuales y futuros pensionistas mientras que los ingresos por las cotizaciones no».

Así las cosas, la crisis inflacionista desatada por la guerra en Ucrania tendría entre otros muchos efectos sobre la economía el de que la nueva revalorización de las pensiones aprobada por el Congreso con el apoyo de los agentes sociales amenazaría con anular los efectos generales de la primera parte de la reforma del sistema, que son reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social. El pasado miércoles, el ministro José Luis Escrivá anunciaba una reducción del déficit nominal del organismo (11.192 millones) hasta situarlo por debajo del 1% del PIB, si bien no indicó que el déficit contributivo (el que mide ingresos menos gastos ordinarios del sistema) es más del doble: 26.705 millones de euros (2,22% del PIB).

Devesa entiende que, de confirmarse el actual dato de inflación, sólo cabría una solución política para mantener el sentido de la reforma. «Una ley como la de la revalorización se cambia con otra ley, lo hemos visto ya otras veces y pueden salvarse las pensiones mínimas».

El hecho de que la decisión se tome a finales de año da tiempo a una decisión. Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, descarta adelantar una posición al respecto, ni a favor ni en contra. Indica que, como en todo lo referido al pacto de rentas deseado por el Gobierno, trabajadores y pensionistas deben ver sobre la mesa la aportación del Estado y de las empresas antes de aceptar esfuerzos. «Los pactos de rentas no consisten en moderación solo por una de las partes».