La bonificación del carburante, una ayuda de «escasa eficiencia» que «beneficia a las rentas altas»

La bonificación del carburante, una ayuda de «escasa eficiencia» que «beneficia a las rentas altas»

El descuento de 20 céntimos por litro en el carburante que el Gobierno puso en funcionamiento el viernes de la semana pasada para reducir el impacto de la crisis energética en los ciudadanos es una ayuda poco eficiente, según el informe ‘La Guerra de Ucrania en España: impactos y políticas’, publicado por EsadeEcPol. Además, beneficia más a las rentas más altas, apunta este documento.

«Anticipamos que esta medida resultará en exceso costosa para la escasa eficiencia que promete«, denuncia el estudio, que también advierte que «beneficiará más a los hogares de mayor renta». Asimismo, critica los costes y dificultades que ha supuesto para las empresas pequeñas, la insuficiencia de mecanismos de supervisión y castigo y un planteamiento que ralentiza la transición energética hacia fuentes renovables.

Natalia Collado, economista en EsadeEcPol y coautora del informe, explica en conversación con EL MUNDO que «dado el limitado margen fiscal que tenemos, sería mucho más eficiente haber hecho las ayudas más específicas; a los sectores más afectados y a población vulnerable». En este sentido, recuerda que es posible que la situación se prolongue y que tengan que ampliarse los tres meses de aplicación del descuento… Que, en su opinión, debería replantearse dado el caso. «Se va a tener que pensar en esos términos, porque si no va a ser insostenible desde el punto de vista de los ingresos y los gastos del Gobierno».

El problema es que, tal y como está enfocada la herramienta, no beneficia a todos por igual. Así, si bien desde EsadeEcPol reconocen que «la magnitud del shock requiere de una respuesta decidida para limitar el impacto sobre la ciudadanía», este planteamiento de subvención generalizada «no parece la mejor opción dados sus efectos distributivos». En concreto, detallan que más de un 70% de los hogares en el primer decil de renta no consumen carburantes, mientras que este porcentaje cae hasta el 20% en el último decil. Además, en el caso de los que sí utilizan combustibles, el gasto que destinan a ellos «crece significativamente con la renta». Así, la política beneficiará en mayor medida a los individuos y hogares de renta media y alta.

La ayuda, por lo tanto, no debería llegar a través de las estaciones de servicio, sino con mayor precisión: bisturí frente a brocha gorda. «Podías haber aplicado ayudas directas o subvenciones para las familias más vulnerables», describe Collado, que pone como ejemplos más equitativos la campaña de la Renta, mediante el IRPF, o a través del Ingreso Mínimo Vital.

Este último, de hecho, también fue objeto de las medidas del Gobierno, que, desglosa el informe, también yerra el tiro con sus decisiones. A pesar de que los hogares con menor renta destinan una proporción mucho mayor de su presupuesto familiar a pagar la energía -luz y gas, en este caso- que el resto de hogares y aunque la medida sea progresiva, su «baja cobertura» puede hacer que las familias sin recursos queden fuera de ésta. «Hay que recordar que, de los 2,3 millones de personas que el Gobierno cuantificó (con datos previos a la pandemia), como potenciales beneficiarios del IMV, algo menos de un millón lo reciben actualmente según declaraciones recientes del ministro Escrivá», apunta el documento.

La desigualdad llega también por otra vertiente: la medioambiental. Los expertos consideran que subvencionar el combustible incentiva su consumo justo en un momento en el que tanto España como el resto de la UE se encuentra en un proceso de transición energética hacia energías renovables. Estamos en un contexto excepcional, pero, de nuevo, las ayudas directas habrían sido más consecuentes con los objetivos del Gobierno: «Son más adecuadas, porque van destinadas a quien más lo necesita sin afectar al resto de la población», describe Collado.

Conviene recordar que el precio del petróleo se determina en mercados internacionales -«poco podemos hacer nosotros, que no somos productores, en un mercado internacional», lamenta Collado- y las medidas, por lo tanto, únicamente pueden tratar de limitar el impacto. En este sentido, la experta considera que la respuesta del Gobierno era «la opción más ágil, más visible y más rápida y generalizada». El Ejecutivo podía presumir de un descuento casi inmediato y tangible: 20 céntimos por litro. Sin porcentajes y sin engorro para el usuario final, más allá de los problemas del primer día de aplicación.

Este «muy poco margen», que ya criticó el sector por tener que adelantar el descuento de su bolsillo, también recibe los reproches del informe. «Las empresas del sector, especialmente las más pequeñas o independientes, tendrán una mayor dificultad para hacer frente a los anticipos establecidos», denuncian. «Además, sus sistemas de determinación de precio no están lo suficientemente informatizados, haciendo más complicada una implementación ágil», como se vio en un viernes en el que muchas estaciones no pudieron emitir facturas, por ejemplo.

También transmite improvisación, se desprende del documento, la incapacidad para establecer un control y unas sanciones en caso de que no se aplique correctamente el descuento. «Si ya de por sí la CNMC tiene que llevar la labor de revisar la competencia en este mercado, donde es escasa, si además obligas a parte de este mercado a subvencionar el precio, puede tener efectos en el resto de gasolineras», describe Collado. «Supervisar las 11.000 gasolineras españolas es complicado; tiene un coste de implementación muy alto».

En cualquier caso, el informe sí reconoce la importancia de tomar medidas, pues el impacto de la crisis energética es elevado: por cada diez dólares que aumenta el precio del barril de petróleo la economía europea puede caer un 0,4%, mientras que el BCE lo eleva hasta un punto del PIB. De todos modos, el informe subraya que «el objetivo primero del paquete de medidas no es necesariamente atacar la inflación, sino algo más prosaico: frenar la escalada del IPC». «Aunque pueda tener efecto real en la evolución de precios, lo que se busca es cortar la conexión entre precios energéticos e IPC a la vista de que van a ir llegando las revalorizaciones en estos meses».