‘HRW ratifica que hay alianza de militares venezolanos y Eln’: mindefensa

“El informe de Human Rights Watch (HRW) ratifica lo que el Gobierno Nacional ha afirmado: en Venezuela, en el estado de Apure, hay una connivencia entre las fuerzas militares bolivarianas y el Eln, asociado con la Segunda Marquetalia, para confrontar a las disidencias de las Farc por sistemas de rutas criminales”, le dijo a EL TIEMPO el ministro de Defensa, Diego Molano, quien insistió en que el régimen de Maduro protege a estos terroristas.

Lo anterior lo manifestó en respuesta al informe que HRW reveló este lunes sobre la violencia que se viene registrando en la frontera entre Colombia y Venezuela, y que, según la ONG, está disparada desde comienzos de año.

El reporte, basado en una investigación en el terreno y entrevistas con más de 100 personas, documenta los abusos que vienen cometiendo tanto las disidencias de las Farc como el Eln en su disputa por el control territorial en esta zona. Igualmente, la participación en los abusos de las fuerzas de seguridad venezolana que, según HRW, coopera con el Eln.

(Lea también: Claudia López: ‘Hay capacidad de afectación de grupos armados en Bogotá’)

“La situación humanitaria que viven más de 7.000 personas en estos departamentos, entre desplazados internos y venezolanos refugiados, es desesperada. Es urgente tomar medidas”, dijo Juan Pappier, uno de los autores del reporte.

De acuerdo con HRW, no obstante los esfuerzos de las agencias internacionales, cientos de desplazados no tienen suficiente acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud, en especial en Vichada.

“Muchos indígenas desplazados a Vichada desde Venezuela viven a orillas del río Meta en albergues improvisados. En Arauca y Vichada los grupos armados amenazan a desplazados, y las agencias humanitarias dicen que los niños desplazados están en riesgo de ser reclutados por grupos armados”, dicen.

Según la organización, si bien las autoridades colombianas han intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca, las operaciones militares no han protegido del todo a la población ni se dedican recursos suficientes para atender la crisis.

“Las autoridades colombianas deben evaluar urgentemente las necesidades humanitarias de quienes huyeron de Apure, y crear e implementar un plan de respuesta humanitaria para asistirlos. En Vichada deberían considerar decretar ‘estado de calamidad pública’, que con arreglo a la legislación colombiana permitiría la asignación de mayores recursos por parte del Gobierno para dar asistencia”, dice HRW.

Ante esto, el ministro Molano indicó que desde enero el Gobierno activó el comité de justicia transicional en Arauca, para dar atención humanitaria a víctimas de desplazamiento. Pero dijo que “en el caso de Vichada hasta el momento no hemos tenido información de desplazamientos que originen ese tipo de comités o que haya evidenciado una situación humanitaria compleja”.

Molano también resalta el plan de contención que, señala, activó el Gobierno desde que se registraron los enfrentamientos en las zonas de frontera a inicios del año. Destaca que consta de tres fases: contención sobre la frontera para que los grupos terroristas no se pasen al lado colombiano para afectar a la sociedad civil; un plan de protección a la población civil, y uno de desmantelamiento de dichas organizaciones.

«Es claro que aún existen amenazas, que se originan del otro lado de Venezuela, pero que nuestra Fuerza Pública ha venido, con ese plan de neutralización, operando y contribuyendo a buscar unas mejores condiciones de seguridad en Arauca», concluye el ministro.