Grieta laboral en la transición ecológica: menos de la mitad de los parados del carbón logra recolocarse

Grieta laboral en la transición ecológica: menos de la mitad de los parados del carbón logra recolocarse

«Estamos totalmente desamparados». Así define su situación y la de sus compañeros Carlos Esteves, de 55 años, ex jefe de mantenimiento de varias minas de Asturias y parado desde enero de 2020. «No hay formación pagada, ni puestos de trabajo ni absolutamente nada, se limitan a mandarnos ofertas de InfoJobs por WhatsApp. Les pediría que hicieran el favor de ponerse en contacto con la gente, esto no es una broma», responde indignado.

El enfado de Carlos es generalizado, tanto en el sector minero como en el de las centrales térmicas de carbón, debido a la lentitud con la que las bolsas de empleo de ambos sectores recolocan a las personas que perdieron el trabajo tras los cierres. Estos son una parte de los 3.329 trabajadores que tenían empleo en las instalaciones del carbón a fecha de cierre de cada una de ellas según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Tras las clausuras, las bolsas buscarían formación y nuevos empleos a los trabajadores excedentes, procedentes mayoritariamente de empresas auxiliares. Pero los datos, obtenidos en parte por solicitud de transparencia, reflejan que sólo el 39,8% tiene empleo. Es decir, 375 personas de las 942 inscritas.

Si el acuerdo se hubiera cumplido, los excedentes mineros estarían trabajando desde 2019 o 2020 en las restauraciones medioambientales de las minas, que aún no han empezado porque los convenios necesarios con las comunidades autónomas se retrasaron. En octubre de 2021 se firmó el primero en Asturias, hace unos días se acordó el de Castilla y León y aún falta por firmar el de Aragón.

Víctor Fernández, responsable del sector minero de UGT-FICA, lamenta que haya mineros que deberían estar trabajando en estas labores y que, por el contrario, agotaron el paro en 2020. «La gente se tuvo que buscar la vida cuando se le acabó el paro y, evidentemente, muchos se fueron a trabajar a otros sitios porque tendrán que comer», explica Fernández. «Cuando se les pueda ofrecer la restauración veremos qué decisión toman», añade.

Por tanto, el 61,4% de los excedentes mineros que está trabajando según los datos del Ministerio lo hace mayoritariamente en actividades ajenas a la minería, en contra de lo acordado entre Gobierno, patronal y sindicatos.

En la otra bolsa, la de las centrales térmicas, se inscribieron 577 personas tras los grandes cierres de 2020. La mayor parte de los inscritos, el 97,4%, procedían de empresas auxiliares que no les facilitaron ninguna solución. «ERE extintivo y ‘pa’ casa», resume Valentín Pérez, trabajador de Maessa de 34 años.

A la luz de los datos del Ministerio la realidad es que muchos siguen en casa (173), pero de otros muchos (245) se desconoce su situación porque no han entregado datos al Ministerio. Valentín asegura que «algunos entraron en la bolsa, pero nadie los llamó» y que el resto simplemente abandonó el territorio como consecuencia de traslados de puesto de trabajo o en busca de un lugar con oportunidades laborales.

«La mitad de la gente se fue, casi todos para la central nuclear de Ascó, que tenía una parada, alguno para Alcoa… pero tampoco se vislumbra mucho futuro», cuenta Valentín. Y alerta de que ciertas empresas han llevado mano de obra externa para los desmantelamientos de las centrales en vez de contar con los excedentes de la bolsa, según recogía el acuerdo.

Eloy Sardiña, trabajador de Endesa en el puerto de Ferrol (al que llega el carbón de As Pontes), también critica los traslados de sus compañeros: «A la mayoría de los de Endesa los desplazaron a más de 1.000 kilómetros de sus casas, a las centrales hidráulicas de los Pirineos», cuenta, «y a los de Maessa se los llevaron a Avilés y a Francia».

Desde Endesa aseguran que los traslados «siempre han sido ofrecimientos» y que «se les ha dado formación para reubicarlos en otras actividades de la empresa en la misma zona». «Es raro el caso que pueda haber que se haya trasladado a la persona más lejos de su ubicación natural», defienden.

Otras energéticas han recurrido también a las reubicaciones tras los cierres. Es el caso de Iberdrola que, según unas cartas a las que ha tenido acceso EL MUNDO, trasladó a un trabajador de la central térmica de Lada (Asturias) a la nuclear de Cofrentes (Valencia) «no habiendo recibido respuesta» del empleado en cuestión.

Eloy considera que «no está siendo una transición justa» porque «el cambio debía ser ordenado y realmente lo que está habiendo son situaciones irregulares de traslados encubiertos». También critica la reactivación temporal de As Pontes, para la que tienen contrato hasta final de año. «Psicológicamente esto pasa factura porque la gente se va, está en periodo de adaptación en un centro nuevo y cuando aún no está adaptada tiene que volver temporalmente. En el puerto hay trabajadores que vienen para una semana cada 15 días y se tienen que volver a ir. No es una situación agradable para las familias», protesta.

Según la Estrategia de Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica, vertebradora de los acuerdos firmados con empresas y sindicatos, los convenios de los cierres del carbón tienen «como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo en la zona» y la «fijación de población en los territorios rurales».

Los datos demográficos demuestran que, de momento, no ha sido así: 93 de los 118 municipios marcados por el Ministerio como afectados por los cierres perdieron población en los dos últimos años. Además, son precisamente los municipios con más minas y más centrales térmicas los que más se vacían: los ubicados en Asturias, León, Teruel y Palencia.

Los sindicatos y la patronal del carbón (Carbunión) lo atribuyen a la lentitud de las medidas y a la falta de oportunidades. «El Ministerio nos dice que está realizando labores intensas, pero son temas complejos y no se desarrollan a la velocidad a la que a todos nos gustaría», opina Pedro Iglesia, presidente de Carbunión.

Y coincide José Luis Alpèri, de SOMA-UGT: «Estamos hablando de monocultivos del carbón y no hay nada a cambio. Nos están condenando a la emigración y al despoblamiento y yo creo que esa no es la idea de este Gobierno… las comarcas están esperando a que pase de las palabras a los hechos».

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