Gobierno y transportistas acuerdan un descuento de 20 céntimos en combustible y un paquete de medidas por 1.000 millones de euros

El Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera -órgano en el que no están incluidos los transportistas que convocaron un paro que se prolonga desde hace once días- han alcanzado un acuerdo esta madrugada que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio.

Así lo ha anunciado esta madrugada el Ministerio de Transportes después de casi doce horas de reunión -una vez excluidos los recesos-, un consenso con el que ambas partes confían en convencer a los transportistas en paro indefinido a retomar finalmente su actividad.

No obstante, los responsables de la llamada Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte insistieron el jueves en que descartaban «totalmente» poner fin al paro independientemente del resultado de la negociación, y de hecho para este viernes han convocado una manifestación frente a la sede del Ministerio del ramo en Madrid.

El documento suscrito por las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité especifica que las ayudas del Ejecutivo al sector ascenderán a más de 1.050 millones de euros. Según el desglose del Ministerio, más de 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales de este colectivo, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras. Los cálculos del Gobierno apuntan a un ahorro mensual de unos 700 euros por camión que funcione con gasóleo.

Además, también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros procedentes de los presupuestos públicos: la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). No obstante, se establece un límite de 400.000 euros como máximo por empresa.

El acuerdo incluye ampliar el plazo de los vencimientos de los préstamos ICO al sector y duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista (de 10 a 20 millones de euros).

Asimismo, el Gobierno se compromete a enviar al CNTC antes del 31 de julio un borrador de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte «los principios de la ley de la cadena alimentaria» para evitar un abuso de la subcontratación y de que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya lo había advertido el miércoles: «nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos el acuerdo», dijo. Y hasta las 2 de la madrugada no lo ha habido. El diálogo se había enquistado en dos puntos principales: la cuantía que los transportistas podrían recibir como bonificación del gasóleo profesional y la forma en que se articularán esas ayudas, según fuentes próximas a las negociaciones contactadas por EL MUNDO.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, flanqueada por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudían al encuentro con la propuesta de 500 millones en ayudas para los transportistas, pero al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), único interlocutor al que Moncloa reconoce como válido, ya no le parecían suficientes. Mientras el lunes dio el visto bueno a la propuesta, este jueves, según fuentes consultadas por Europa Press, la mayor patronal del sector ha puesto sobre la mesa la cantidad de 1.000 millones de euros y eso ha obligado a resituar las posturas de ambas partes.

El Gobierno, consciente del aumento de la presión y del creciente malestar social provocado por el parón del transporte, ha abierto la mano a ampliar las ayudas, si bien se mantiene inamovible a la hora de incorporar a los convocantes de los paros a la mesa de diálogo. La reiterada negativa de Moncloa convierte casi en papel mojado cualquier acuerdo que pueda llegar a alcanzarse, puesto que la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que convoca las huelgas, ya ha advertido de que si no cuentan con ellos, los paros continuarán en los próximos días.

«Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro», ha asegurado este jueves el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, en declaraciones a la agencia Efe. Hernández defendió la decisión de la entidad de no desconvocar el paro al considerar que los camioneros y conductores «de base» no están representados en ella.

Además, el presidente de la plataforma instó a poner el foco en que existe un problema «estructural» en el sector debido a la subcontratación y las malas condiciones y no una cuestión «puntual» vinculada con el encarecimiento del combustible. Esto explicaría que el acuerdo para bonificar el gasóleo no cubra sus expectativas y exigencias.

Hernández también animó a una movilización «multitudinaria» de cara a la manifestación convocada por la plataforma para este viernes en la capital. La cita será en la Plaza de San Juan de la Cruz, cerca del Ministerio de Transportes, y los convocantes aspiran a una asistencia de hasta 20.000 personas para los que se ha habilitado un dispositivo policial pertinente, de acuerdo con fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Mientras tanto, las consecuencias de las movilizaciones siguen extendiéndose a la actividad de otras industrias agroalimentarias, así como a las cadenas de suministro y distribución. En el puerto de Barcelona, las terminales están «a tope de su capacidad», según su presidente, Damiá Calvet, que ha advertido de que, de seguir así, tendrán que parar la actividad. Calvet y los presidentes de las autoridades portuarias de Algeciras, Bilbao y Valencia califican de «crítica» la situación que se vive en los grandes puertos españoles.

Entre los mercados mayoristas, la situación aguanta pero si la actividad no se normaliza, los problemas podrían ser sólo cuestión de días. Mercabarna mantenía ayer un abastecimiento del 85% del pescado habitual y casi la totalidad de hortalizas y frutas; el 20% del género que faltaba correspondía a pescado del Mediterráneo, como las sardinas, la dorada salvaje o la lubina, una situación que prevén se estabilice con el fin de la huelga de los pesqueros. En Mercamadrid, la entrada de mercancías fue del 80%, un porcentaje inferior al de una semana normal de marzo, si bien supone una mejoría respecto a la semana anterior. Fuentes de este mercado indicaron a Efe que se «mantiene la dificultad para la salida de mercancías hacia otras zonas del país, lo que compromete la llegada de algunos productos a Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco».