Ex altos cargos de la UE avisan de distorsiones en el mercado por el plan de Sánchez para intervenir el gas

«El mecanismo propuesto por España supondría distorsiones en el mercado, recargos en los contratos fijos con la electricidad contratada a plazo y menos inversión en renovables». La frase no se puede atribuir en este caso al presidente de una de las grandes eléctricas españolas contrarias a la intervención del precio del gas que el Gobierno negocia con Bruselas, sino a todo un veterano en el mercado energético con una experiencia de más de 30 años trabajando en la Comisión Europea. Se trata del ex director de Energía de la UE, Christopher Jones.

Este experto valoró el plan propuesto por España y Portugal para reducir el precio de la luz como «el menos malo» entre otras alternativas como fijar directamente un precio máximo a la electricidad, primera de las opciones planteadas por España, o suprimir el funcionamiento marginalista del mercado. Aún así, cree que esta solución para abaratar la factura tendría importantes efectos colaterales sobre los mercados de futuros, la inversión en renovables y el contrato de aquellos consumidores que tienen garantizado el suministro a un precio fijo alejado del mercado.

«Hay dos problemas. Se crearía un subsidio muy elevado y el precio de la electricidad sería tan bajo que iría contra el objetivo de eficiencia y menor consumo. Además, la compensación al gas recaería sobre todos los agentes, lo que encarecería el resto de contratos», avisó Jones durante su participación ayer en una jornada sobre el actual contexto energético organizada por la Fundación Naturgy. Según sus cálculos, si Europa aceptara el tope de 30 euros propuesto por España el coste del subsidio a las gasistas superaría los 10.000 millones de euros.

Pero el efecto más peligroso para el ex director de Energía de la UE -ahora director de Regulación Energética en Backer Mckenzie en Bélgica- es el efecto que puede tener el mecanismo en la inversión en renovables. «Nadie en el futuro estaría dispuesto a cerrar un contrato con renovables teniendo en cuenta el precedente de cambio de precios aprobado por el Gobierno», avisó antes de recordar que el sector de las energías limpias ya ha sido golpeado por distintas decisiones de los Gobiernos españoles en los últimos años.

En el mismo encuentro participó el ex comisario de Energía, Andris Piebalgs, que fue menos duro al pronunciarse sobre la medida ibérica pero sí enfatizó en que el diseño actual del mercado energético es suficientemente robusto para sortear la actual crisis y abogó porque la intervención regulatoria vaya dirigida únicamente a proteger a los consumidores vulnerables. El ex político letón centró su discurso en la amenaza real de que Rusia corte el suministro de gas a Europa el próximo otoño, lo que sumiría a la UE en una crisis de una dimensión aún mayor.

Las palabras de Jones y Piebalgs llegan en plena negociación entre España, Portugal y Bruselas sobre los aspectos técnicos del mecanismo para intervenir el precio del gas. Las conversaciones atraviesan en estos momentos un bache a nivel técnico por las discrepancias de la Comisión Europea con el sistema de «doble precio» que propone España -uno para consumo doméstico y otro en frontera para las exportaciones- y la negativa a que el límite en el coste del gas sea inferior a los 70 euros por megavatio hora.

Este freno en las negociaciones coincide también con el abaratamiento de la electricidad en España por la fuerte entrada de renovables y el menor coste del gas que se negocia en el mercado doméstico Mibgas. El coste de un megavatio hora caerá hoy hasta los 85 euros y marcará su menor nivel en lo que va de año, según datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (Omie). Ese coste medio engloba franjas de 148 euros/MWh durante la mañana y de menos de 10 euros por la tarde..

Los precios del mercado mayorista de la luz repercuten directamente en la tarifa regulada –el denominado PVPC–, a la que están acogidos casi 11 millones de hogares en el país, y sirven de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

El precio en España será muy inferior al registrado en otros países de Europa. Esto es muy positivo para el país, pero puede condicionar las negociaciones con la Comisión Europea para aprobar un mecanismo que permita a España intervenir el precio del gas de forma aislada a las reglas comunitarias. El argumento esgrimido por España es que su situación de «isla energética» condena al país a sufrir precios de la luz más altos que en el resto del continente.