Envío a Ruanda de inmigrantes desata polémica en el Reino Unido
El controvertido plan de control de migración clandestina es el más duro en años. ¿A quién afecta?
El controvertido plan de control de migración clandestina es el más duro en años. ¿A quién afecta?
El Reino Unido anunció el jueves un controvertido plan de control de la migración clandestina, que incluye enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, país africano a 7.000 km de distancia, y vigilar con buques militares los cruces ilegales del Canal de la Mancha.
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«A partir de hoy, la Royal Navy asumirá el mando operativo en el Canal de la Mancha (…) para garantizar que ninguna embarcación llegue al Reino Unido sin ser detectada», anunció el primer ministro Boris Johnson, durante una visita a las costas del sur de Inglaterra, por donde ha llegado en los últimos meses un número creciente de embarcaciones con migrantes.
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Para apoyar a la marina en esta nueva misión, el ejecutivo dedicará 50 millones de libras (65 millones de dólares) a más personal y nuevo material como helicópteros, aviones y drones, precisó.
«Esto enviará un mensaje claro a quienes conducen las pateras: si arriesgan la vida de otros en el Canal, se arriesgan a pasar su propia vida en prisión», afirmó.
Al mismo tiempo, su gobierno llegó a un acuerdo con las autoridades de Ruanda para enviar a ese país africano, con un «lamentable balance en materia de derechos humanos» según Amnistía Internacional (AI), a las personas que entren ilegalmente en el Reino Unido y a quienes lo hayan hecho desde principios de este año.
La ministra del Interior, Priti Patel, viajó a Kigali para cerrar este multimillonario acuerdo, que provocó la indignación de oenegés como AI, quien denunció «una idea escandalosamente mal concebida» que «provocará sufrimiento y malgastará enormes sumas de dinero público».
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STUART BROCK / EFE
Ruanda recibirá en un primer momento 120 millones de libras (157 millones de dólares) «para acoger a demandantes de asilo y migrantes y darles una vía legal para la residencia» en ese país situado a 7.000 km del Reino Unido, informó su ministro de Relaciones Exteriores, Vincent Biruta. «Se trata de garantizar que las personas estén protegidas, sean respetadas y capacitadas para emprender sus propias ambiciones y establecerse de forma permanente en Ruanda, si así lo desean», indicó.
El plan -que puede afectar a «decenas de miles de personas en los próximos años» según Johnson- podrá aplicarse a todos los migrantes o refugiados llegados al Reino Unido de forma clandestina, independientemente del país o continente del que procedan.
Resulta tan controvertido que la oposición británica acusó a Johnson de buscar con él desviar la atención del escándalo sobre las fiestas ilegales en Downing Street durante los confinamientos, por el que fue personalmente multado el martes haciendo temer una nueva crisis política dentro de su partido Conservador.
El control de la inmigración fue uno de los temas claves durante la campaña del Brexit y tras lograr sacar al país en la Unión Europea en 2020 Johnson prometió poner fin a las llegadas clandestinas.
Pero los números no dejan de aumentar: 28.500 personas realizaron en 2021 en precarias embarcaciones la peligrosa travesía del Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, frente a 8.466 en 2020 y 299 en 2018, según cifras del ministerio del Interior.
Decidido a disuadir a traficantes y migrantes, el gobierno británico también creará centros específicos en los que ingresar a quienes lleguen de forma clandestina, similares a los abiertos en Grecia, para sustituir a los actuales alojamientos hoteleros, precisó Johnson.
«Nuestra compasión puede ser infinita pero nuestra capacidad para ayudar a la gente no lo es», afirmó el primer ministro, deseoso de mejorar su popularidad antes de unas elecciones municipales en mayo que pueden resultar cruciales para su futuro político.
Tim Naor Hilton, director general de la oenegé Refugee Action, denunció el nuevo plan como una «forma cobarde, bárbarica e inhumana de tratar a las personas que huyen de la persecución y la guerra».
Polémica y rechazo de decenas de ONGs
El plan del Gobierno conservador británico de enviar a Ruanda a migrantes que lleguen al Reino Unido por vías ilegales ha disparado una polémica, pues numerosos diputados y organizaciones humanitarias cuestionan su legalidad, la ética y el costo.
El secretario de Estado, Tom Pursglove, declaró este viernes al canal ITV que el Ejecutivo empezará “pronto” a trasladar a los primeros solicitantes de asilo –en un principio varones solteros de los que concluya que en realidad son inmigrantes económicos- y mantuvo que el sistema será rentable “a largo plazo”.
El primer ministro, Boris Johnson, anunció el jueves el acuerdo por cinco años con Kigali como parte de su reforma migratoria destinada a “recuperar el control de las fronteras” tras el brexit.
El plan, sostuvo Pursglove, pretende que las personas enviadas a Ruanda “puedan llevar una vida próspera” en el país africano, al tiempo que rompe “el modelo de negocio de bandas de traficantes” que de Francia buscan pasar a Inglaterra por el canal de la Mancha.
Más de 160 organizaciones no gubernamentales condenaron ayer, por “cruel y mezquina”, la iniciativa, censurada también por diputados conservadores y el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, que la tildó de “impracticable” y con un costo “exorbitante”.
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