En Nicaragua la justicia es una farsa al servicio de la dictadura
El régimen reinventa el concepto de justicia para ensañarse contra todo lo que se le oponga.
El régimen reinventa el concepto de justicia para ensañarse contra todo lo que se le oponga.
A las 5:30 de la mañana del jueves 3 de marzo, una patrulla policial golpeó a la puerta de la casa donde Cristiana Chamorro, de 68 años, se encontraba en prisión domiciliaria desde el 2 de junio pasado. Acto seguido, se la llevaron a la cárcel de El Chipote, donde debía enfrentar la primera audiencia del juicio por supuesto lavado de dinero y otros delitos que el régimen les endilgó a ella y a otros empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que lleva el nombre de su madre, la expresidenta del país.
Pero antes, para demostrarle que según el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo es una rea común, la obligaron a entrar a una celda, la vistieron con un uniforme de convicta y la esposaron. Y así la trasladaron unos metros hasta la improvisada sala donde la esperaban el fiscal y el juez sandinistas, además de dos policías que la custodiaban en todo momento.
El montaje se repitió en cada una de las ocho jornadas que duró el juicio. Esa insólita rutina demuestra el ensañamiento con el que los Ortega-Murillo han castigado a los presos políticos de su régimen y, sobre todo, a los miembros del clan Chamorro, una de las familias más influyentes de Nicaragua y blanco predilecto del gobierno.
Cristiana Chamorro había desafiado a Ortega en 2021 con una candidatura presidencial que el régimen bloqueó. Semejante osadía le costó que el 21 de marzo los jueces de bolsillo del gobierno la condenaran a ocho años de cárcel, en un juicio plagado de irregularidades contra la extinta FVBCh, que ella dirigía. Su hermano mayor Pedro Joaquín, miembro de la Fundación y exdirectivo del diario La Prensa (cerrado por el sandinismo en agosto de 2021), recibió una pena de nueve años.
A ellos hay que agregar a su primo Juan Sebastián Chamorro, otro de los candidatos presidenciales detenidos el año pasado, condenado el 4 de marzo a 13 años por conspiración. Y a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, exgerente del diario de la familia, sentenciado a 9 años el 24 de marzo por lavado de dinero. En la causa contra la FVBCh también recibieron condenas los extrabajadores Marco Fletes, Walter Gómez y Pedro Vásquez.
(Además: Cuenta regresiva para fallo clave en la Corte de La Haya).
Cristiana Chamorro había desafiado a Ortega en 2021 con una candidatura presidencial (…) Semejante osadía le costó que (…) los jueces de bolsillo del gobierno la condenaran a 8 años de cárcel
La propia Fundación denunció en un comunicado la “infamia” con la cual el gobierno cerró “el telón del primer acto de la farsa judicial que durante más de nueve meses privó de su libertad a cinco ciudadanos nicaragüenses, que como se demostró en el juicio, son inocentes de todos los delitos que se les ha acusado”.
Los Chamorro sintetizan dos de los obstáculos con los que Ortega viene lidiando en su obsesión por eternizarse en el poder: la oposición política y la prensa independiente. Además de la actividad política (seis Chamorro han sido presidentes), la familia ha estado ligada al periodismo.
Pedro Joaquín Chamorro, padre de Cristiana, fundó y dirigió durante décadas el diario ‘La Prensa’ hasta su muerte, asesinado por el régimen de Anastasio Somoza. Su esposa, Violeta Barrios, fue presidenta entre 1990 y 1997, tras infligirle al propio Ortega una derrota electoral que este no olvida. Y en los últimos años, la propia FVBCh se dedicaba a apoyar el trabajo de los periodistas. Además, al igual que Cristiana, su hermano Carlos Fernando es un destacado periodista y hoy dirige desde el exilio el medio digital ‘Confidencial’, habitual blanco de ataques del sandinismo…
El régimen de Ortega se ha valido principalmente de la justicia para ejecutar esa persecución, que incluye a todo el que ose oponérsele. De esos jueces y fiscales que han reconfigurado su rol como poder independiente del Ejecutivo para actuar al exclusivo servicio del gobierno que encabezan el exguerrillero sandinista y su esposa y “copresidenta”.
Ella más que nadie se ha ensañado con la familia Chamorro: “Son una casta entreguista, aprovechada y saqueadora. Eso no tiene nada que ver con lucha contra la pobreza, al contrario, el Estado fue un botín para esa pandilla que llegó, que destruyó, que se robó casi todo. Hasta con los rieles del tren arrasaron”, dijo el año pasado en una de sus acostumbradas alocuciones en los medios oficialistas.
El régimen de Ortega se ha valido principalmente de la justicia para ejecutar esa persecución, que incluye a todo el que ose oponérsele
La justicia fue capturada hace tiempo por personeros del régimen, según denuncian organizaciones como el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh). Esos jueces ejecutan la venganza contra esta familia, así como contra todos los opositores detenidos tras las protestas de abril de 2018, sobre todo en la escalada represiva del año pasado.
(Puede leer: Ucrania exige investigar crímenes de guerra por masacres de civiles).
El montaje teatral contra Cristiana Chamorro forma parte de un libreto general que pareció escrito antes de que se reanudaran en febrero pasado los juicios contra 51 dirigentes políticos y periodistas detenidos el año pasado, calificados como presos políticos de Ortega por la mayor parte de la comunidad internacional.
El hombre que con mano dura ha gobernado ininterrumpidamente el país desde 2007 hizo caso omiso de los reiterados reclamos dentro y fuera de Nicaragua para liberarlos. Al contrario, decidió encerrarlos en condiciones inhumanas en El Chipote, lo que le costó la vida al excomandante guerrillero Hugo Torres, fallecido en una celda en febrero… Los 48 opositores juzgados fueron condenados, la mayoría con sentencias de entre 8 y 13 años de prisión. En abril, los tres que quedan por enjuiciar de esta tanda enfrentarán a los jueces; su destino, quién lo duda, parece irreversible.
Represión en la Justicia
La imparcialidad y la autonomía imprescindibles para el Poder Judicial en cualquier democracia ya no existen en Nicaragua. La Asamblea Nacional (el Legislativo) es un órgano más del aparato sandinista en vez de un factor de equilibrio ante posibles abusos del Ejecutivo, pues de ella salieron las leyes de Ciberdelitos y Soberanía usadas para perseguir y detener a los condenados de ahora.
Del mismo modo, la Justicia nicaragüense es hoy el instrumento más eficaz para castigar a los enemigos de Ortega y Murillo, como coinciden distintos referentes consultados por ‘Connectas’.
La imparcialidad y la autonomía imprescindibles para el Poder Judicial en cualquier democracia ya no existen en Nicaragua
Yader Morazán, un exfuncionario judicial de Managua exiliado desde 2018 en Estados Unidos, identifica tres fases en el proceso por el cual Ortega instrumentalizó a su favor este particular sistema judicial. Todas surgidas a partir de las masivas protestas que jaquearon a su régimen hace cuatro años. Cada una, explica Morazán, se ha adaptado al contexto sociopolítico y su evolución revela cómo el Estado fue escalando sus prácticas represivas sin detenerse en garantías constitucionales ni en derechos humanos.Mucho menos en los límites que establece la separación de poderes.
La primera fase, de abril de 2018 hasta febrero de 2019, apuntó contra personas vinculadas a las manifestaciones populares que dejaron más de 300 muertos, según organismos de DD. HH. En ese momento los jueces imputaron delitos relacionados a los tranques, como delitos contra el orden y la tranquilidad pública, y contra las personas, como terrorismo, crimen organizado, obstrucción de funciones, secuestro y otros.
“Se inventaban pruebas, se inventaban hechos, pero no hacían muchas precisiones en las acusaciones. Los testigos eran ciudadanos o trabajadores del Estado. Y los casos se centralizaban en el complejo judicial de Managua”, detalla Morazán.
La segunda fase comenzó en febrero de 2019 y se extendió hasta mayo de 2021, en el contexto del Diálogo Nacional convocado por Ortega para apaciguar la rebelión civil. Morazán identifica en ella capturas selectivas de líderes de barrios y comunales. A estos no los exhiben, al contrario de los detenidos tras las protestas de 2018, y les endilgan delitos comunes como posesión de armas o drogas.
“En este caso hay una limitante en el ejercicio del derecho a la defensa, les ponen muchas trabas a sus abogados. Sin embargo, aún se les permite llevar los procesos en los complejos judiciales y se podía hacer al menos una defensa con alguna apariencia de legalidad”, admite el exfuncionario judicial.
En este caso hay una limitante en el ejercicio del derecho a la defensa, les ponen muchas trabas a sus abogados
Pero todo se agravó a partir de mayo de 2021, en plena carrera para las elecciones presidenciales de noviembre y tras la aprobación de cuatro leyes clave. Se trata de las dos mencionadas antes, más la reforma constitucional que creó la prisión perpetua revisable y la del Código Procesal Penal que valida los 90 días de detención para investigación complementaria. Esta tercera fase de esta ofensiva judicial contra opositores políticos y la prensa independiente sigue vigente.
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Con base en esas normas terminaron presos líderes nacionales, entre ellos siete precandidatos presidenciales, y luego activistas sociales, periodistas, empresarios y abogados defensores. El oscurantismo sobre ellos se agudizó: nunca los exhibieron detenidos y hasta los mantuvieron desaparecidos por un tiempo prolongado, algunos incluso hasta hoy. Además de ciberdelitos (que los jueces aplicaron a publicaciones en Twitter contra Ortega, entre otras aberraciones jurídicas), los acusaron por delitos contra la seguridad del Estado –como traición a la patria y menoscabo a la integridad nacional– y contra el patrimonio y el orden socioeconómico, como lavado de dinero.
Como cuenta Morazán, “en esta fase la Fiscalía juega un rol preponderante citando a periodistas y muchas personas que tuvieron algún vínculo con la Fundación Chamorro, seguido de aquellos famosos allanamientos y secuestros nocturnos contra los trabajadores de la Fundación. Posteriormente a líderes políticos, de las organizaciones sociales y al final a los que ya conocemos”…
Tercera fase
Integrantes del Cenidh, una de las decenas de organizaciones sociales canceladas por el régimen de Ortega en esta tercera fase de represión judicial, tienen la misma esperanza de una condena internacional contundente. Desde su compromiso con la defensa de los derechos humanos, ese Centro sirvió como el único canal de información sobre la “farsa de los juicios”, como la llama su presidenta, Vilma Núñez de Escorcia.
Desde Twitter y otras redes sociales, esta organización fue divulgando los pocos detalles que trascendían de las audiencias a través de informaciones de los abogados defensores y algunos familiares de los detenidos…
(También: Compartiendo con muertos: horror de civiles hacinados en sótano en Ucrania).
Desde su compromiso con la defensa de los derechos humanos, ese Centro sirvió como el único canal de información sobre la “farsa de los juicios”
Vilma Núñez se detuvo en un aspecto llamativo de estos juicios: el uso de policías como únicos testigos de los delitos imputados a los detenidos: “Eso es característico de aquellos sistemas judiciales sin independencia, que están sometidos a una dictadura”. Como no había pruebas porque “son delitos que han sido inventados por los fiscales y no existen testigos” que puedan corroborarlos, “para llenar ese vacío y dar la apariencia de un juicio legal, han llevado a declarar como testigos a los policías que realizaron las capturas, los allanamientos”…
Este y otros abusos del sistema judicial y político de Nicaragua llevan al Cenidh a continuar la lucha por un proceso legítimo para los condenados. “Nosotros demandamos y exigimos que los jueces superiores rectifiquen y declaren completamente nulos estos juicios y los reos sean puestos completamente en libertad”, reclamó Núñez en diálogo con ‘Connectas’.
Su apelación tiene pocas chances de éxito en un sistema judicial como el que Ortega ha diseñado para silenciar, perseguir y condenar a sus opositores. Por eso, como esperan desde Human Rights Watch y otros organismos de derechos humanos, urgen una condena internacional de la ONU y el aislamiento diplomático para Ortega y su gobierno, embarcado en una ofensiva demencial contra todo el que lo cuestione. Como dijo el 15 de marzo la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto tras escuchar su condena a 8 años de prisión: “Mentirosos. Dios los perdone, rezaré por ustedes”.
AUTOR:
(*) LEONARDO OLIVA. Licenciado en Comunicación Social. Miembro de la mesa editorial de Connectas.
(**) Connectas es una iniciativa periodística que promueve el intercambio de información sobre temas clave para el desarrollo de las Américas.
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