El laberinto burocrático: las pymes exigen una reforma integral de los registros mercantiles

Las pequeñas y medianas empresas han elaborado un exhaustivo informe para «garantizar el crecimiento y la transformación de la economía española» después de la pandemia. Este documento, bautizado como ‘España Avanza‘, ha sido confeccionado por Cepyme y Hostelería de España en colaboración con PWC, Metroscopia y el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. En este documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se plantea, entre otras cuestiones, una auténtica revolución en el sistema de funcionamiento de los Registros Mercantiles en España. No en vano, señalan a los mismos como uno de los principales obstáculos a la hora de desarrollar de manera eficiente su actividad.

Así, este informe subraya que «una de las dificultades más notorias para el arranque de la pequeña actividad empresarial» en nuestro país radica en estos momentos en «el propio funcionamiento de los Registros Mercantiles» y plantean que se constituya un único registro centralizado, al que se pueda acceder de forma informatizada y que sea gratuito. Ponen así el foco en los 126 registradores mercantiles existentes en España, únicos responsables de calificar y registrar más de dos millones de actuaciones empresariales al año (desde la constitución de una sociedad al nombramiento de un administrador pasando por fusiones, aumentos y reducciones de capital, cambios de domicilio o depósitos de cuentas). Asimismo, son los responsables de legalizar cada año más de un millón de libros mercantiles.

Recuerdan los pequeños empresarios que estos registros «son clave para lo que podría llamarse el pistoletazo de salida para la entrada en el mercado de cualquier emprendedor». No obstante, «las quejas y los episodios sobre el funcionamiento de este servicio público son uniformes y universales y requieren de una toma de acción decidida por el legislador para despejar esta dificultad y dejar el camino despejado para la economía de los pequeños agentes en el siglo XXI».

El análisis realizado expone que «el Registro Mercantil es absolutamente un registro provincial». Y, sin embargo, «sería lógico que debidamente informatizado hubiera un único registro central con oficinas provinciales para la atención al ciudadano». De esta forma, sugieren, «se evitarían duplicidades como tener que ir a dos registros para cambiar el domicilio social de una provincia a otra». Según las cifras internas que manejan los autores del documento, «el 72,6% de las pymes, micropymes y autónomos consideran a día de hoy que para agilizar los trámites administrativos de una empresa lo mejor es que exista un único Registro Mercantil centralizado en lugar de registros provinciales».

Asimismo, reclaman que «la publicad del Registro Mercantil debería ser gratuita». Y es que, añaden, «se detecta una singularidad del Registro Mercantil español que no concurre en el resto de Europa». «En nuestro sistema la calificación registral se adentra en el contenido del acto o contrato objeto de inscripción, lo que no es necesario, pues precede al control realizado por el notario más amplio y con carácter previo al acto o contrato que se plasma en la escritura pública». De ahí que «en otros países europeos la calificación registral se limita a la concurrencia de los requisitos formales». «Esta reforma permitiría no sólo aligerar costes en términos directos sino indirectos» al «evitar duplicidades de controles». Es decir, en España los registradores no cobran un sueldo, como ocurre con el resto de los de la Unión Europea, sino que perciben un arancel que pagan directamente los empresarios españoles.

Para ello las pequeñas y medianas empresas exigen «la modificación del Código de Comercio». De hecho, «no existe un modelo como el español en ninguno de los países de la Unión Europea«. Es decir, «un sistema híbrido de externalización en unos funcionarios con un particular régimen económico, bajo una supervisión muy difusa del Ministerio de Justicia». A su vez, «en todos los países de la Unión, con excepción de Croacia, el registro mercantil es único para todo el país».

Todo ello genera en España «un monopolio en el que la decisión, acertada o no, del Registro Mercantil, se erige como elemento insoslayable que obliga a que las empresas asuman criterios que consideran injustificables y costes arancelarios desmedidos, por excesivos y contrarios a la regulación vigente». Por si fuera poco, «la inscripción de una sociedad puede demorarse meses por motivos simplemente formales».

Pero es que, además, concurre en nuestro país la circunstancia de que estos registros no están plenamente informatizados. Por lo que «la pequeña empresa asume un coste no justificado por obtención de su propia publicidad obrante en esos registros». «No sólo cuando procede a inscribir un acto sino cuando necesita obtener de ese Registro Mercantil cualquier documento que ha de exhibir ante una Administración».

También inciden en la existencia de «una doble calificación notarial y registral» que además de «generar costes injustificados, provoca una gran inseguridad jurídica». Por ello plantean que «se unifiquen las funciones de notarios y registradores mercantiles e, incluso, que las mismas puedan ser desarrolladas sin la exigencia de los interesados en las notarías». En definitiva, que «el control de la legalidad sea único». Pero también «moderno» al poder ser llevado a cabo «de forma telemática».

«Todos los gobiernos buscan reducir y eliminar trabas y, desde luego, la forma en la que se presta la función de los registradores mercantiles es una traba. Por ello urge la reforma de un sector clave, lo que por otra parte no debe revestir dificultad vistos los modelos comparados», concluyen.