El Gobierno pacta por escrito con la UE «ampliar» el número de años para calcular las pensiones y destopar las cotizaciones

El Gobierno pacta por escrito con la UE  «ampliar» el número de años para calcular las pensiones y destopar las cotizaciones

El Gobierno ha firmado finalmente con la Comisión Europea acometer una ampliación del período de años trabajados para calcular las pensiones en 2022 y también un destope de las máximas. Así figura en el llamado acuerdo operacional publicado hoy por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea y que aclara más los compromisos adquiridos por el Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir los fondos europeos.

En el documento, firmado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, y que ha sido publicado finalmente se estipula que para el último trimestre de 2022 deberá haber entrado en vigor «la legislación para el ajuste del período de cómputo ampliándolo para el cálculo de la pensión de jubilación«. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social señalan que ya era un compromiso con Bruselas, aunque su titular, José Luis Escrivá, ha hecho declaraciones ambiguas sobre el asunto y miembros de Podemos advirtieron de que rechazarían la medida por constituir «un ajuste» de las pensiones. Actualmente la pensión se calcula sobre 25 años de cotización, pero al ampliar la base se endurece el acceso al prestación, aunque también puede favorecer a algunos colectivos si, como plantea Escrivá, se permite elegir los mejores años de cotización.

En el contrato para conseguir los fondos también se da por hecho que, además de la subida de cotizaciones del 0,6% que se ha propuesto a los agentes sociales, se producirá el llamado destope de las bases máximas, que corresponden actualmente a los que ganan más de 45.000 euros. Se establece también para el año que viene la «entrada en vigor de la legislación para el ajuste de la base máxima de cotización: aumento progresivo de la base máxima de cotización del sistema y la adaptación de las las pensiones máximas para ampliar la base de cotización y la progresividad del sistema y aumentar los ingresos globales».

En cuanto al llamado factor de sostenibilidad que ligaba las pensiones a la esperanza de vida, la Comisión Europea acepta su derogación siempre que sea sustituido por «un mecanismo que garantice la equidad intergeneracional y la sostenibilidad presupuestaria ajustándose a los cambios demográficos». Es decir, con efectos económicos similares al factor de sostenibilidad derogado.

En todo caso, la Comisión Europea se reserva el derecho de pedir informes adicionales a la mera entrada en vigor de las reformas y en concreto especifica en el documento firmado que quiere la «publicación de proyecciones actualizadas que muestran cómo las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad fiscal a largo plazo teniendo en cuenta también el impacto de otras reformas estructurales, como las reformas del mercado laboral».

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