El Gobierno hace saltar por los aires el mapa del 5G en España: se desbaratará el despliegue previo si hay riesgo con Huawei y China

Cunde la incertidumbre entre los operadores de telecomunicaciones. La Ley de Ciberseguridad 5G aprobada por el Gobierno no sólo replantea el despliegue de las redes de telecomunicaciones de cara a futuro sino que pone en duda todas las infraestructuras de red que ya existen en el país. Ni China ni las empresas del gigante asiático, como Huawei y ZTE, aparecen mencionadas en la publicación de la nueva normativa en el BOE, pero la redacción sienta las bases para establecer un férreo veto a China y a sus puntales tecnológicos.

«Teniendo en cuenta la situación de conflicto internacional derivada de la agresión contra Ucrania y el elevado riesgo de ciberataques contra redes y servicios 5G ya desplegadas en nuestro país o con despliegue previsto para los próximos meses», el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha adelantado esta normativa que, por «extraordinaria y urgente necesidad» se lleva a cabo bajo la fórmula exprés de real decreto-ley. No habrá por tanto una tramitación con el resto de grupos parlamentarios para tener lista una norma en el segundo semestre de 2022, como se planteaba inicialmente.

Fuentes de los operadores consultadas por EL MUNDO avisan que el texto recién conocido da un vuelco al status quo de las redes españolas. Ya no se habla del 5G standalone (SA), el 5G puro del futuro, y del core o núcleo en el que reside la información sensible, sino que se pone en jaque todo el despliegue, también el tejido previamente y en el que ha participado de forma protagónica Huawei. Esta compañía está presente en las infraestructuras de todos los grandes operadores del mercado español: Telefónica, Orange y Vodafone, especialmente en esta última.

«Se considera que forman parte de las redes 5G la totalidad de los elementos de red, infraestructuras, recursos y funciones de las redes empleadas para ofrecer servicios con las capacidades señaladas, aun cuando también sean usados en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de generaciones móviles precedentes«. Es decir, también quedaría afectado el 5G que ya está en activo, el llamado non-stand-alone que se superpone a la red previa ya existente con el 4G. Los operadores creen que «la inseguridad jurídica» generada esta semana es «total», según explican a este diario. De hecho, en el año 2020 el presidente Pedro Sánchez llegó a destacar a Huawei entre las empresas que estaban contribuyendo a la extensión del 5G en España.

El Real Decreto-ley 7/2022 recoge qué suministradores 5G son de riesgo. No se menciona a las compañías Huawei y ZTE, vetadas en EEUU, pero sí se hace un retrato que coincide con el que viene realizando a propósito de China la Administración norteamericana, primero con Donald Trump y más recientemente con Joe Biden. Así, para catalogar a una compañía como de riesgo se tendrán en cuenta «los vínculos de los suministradores y de su cadena de suministro con los gobiernos de terceros países», «el poder de un tercer Estado para ejercer presión sobre la actuación o ubicación de la empresa«, «el respeto al derecho internacional y a las resoluciones y acuerdos de la ONU de ese tercer Estado» y «los acuerdos de cooperación en materia de seguridad, ciberseguridad, delitos cibernéticos o protección de datos firmados con el país tercero de que se trate».

Todos estos condicionantes han encendido las alarmas en el sector de las telecomunicaciones españolas, inmerso en inversiones millonarias tanto de espectro radioeléctrico como de despliegue de red para poder extender la nueva tecnología de las comunicaciones móviles. Las alternativas son limitadas: la surcoreana Samsung no ha acabado de sentar las bases para extender su red 5G en España, así que quedan dos opciones europeas, la finlandesa Nokia y la sueca Ericsson. Esta circunstancia a la que abocaría el veto a China hace preguntarse a los operadores si se toparán con un duopolio a la hora de buscar partner para sus redes.

Habría que proceder al desmantelamiento de los equipamientos de Huawei en caso de tomarse una decisión definitiva desde el Ejecutivo en esa línea, mediante acuerdo adoptado en Consejo de Ministros y previo informe del Consejo de Seguridad Nacional y audiencia tanto de los operadores como de los suministradores. Posteriormente, habría tres meses para alegaciones y, finalmente, se abriría un plazo de cinco años para realizar la sustitución en el núcleo o core y dos años en los aspectos que tienen que ver con la red.

Huawei, en unos inicios principal valedor del 5G por estar a la vanguardia tecnológica y ofrecer un mejor precio, es propiedad de sus empleados: las acciones quedan en todo caso en manos chinas, por no poder revenderse ni quedar en poder de inversores extranjeros. De hecho, el fundador de la compañía, el ingeniero Ren Zhengfei, ha estado vinculado al Partido Comunista Chino y al ejército de este país.

EEUU ha liderado un intento de boicot internacional frente a esta empresa, una posición que está lastrando el desarrollo definitivo de las redes 5G en países como los europeos. Esta crisis se remonta a 2018, cuando la directiva de la empresa (e hija del fundador) Meng Wanzhou fue arrestada en Vancouver (Canadá) por posible fraude y conspiración.

Meng Wanzhou ha pasado tres años en arresto domiciliario y regresó a China el pasado mes de septiembre y esta semana ha sido la responsable de comunicar los resultados de la empresa, golpeada por el veto preconizado desde que EEUU incluyera a la firma en una suerte de lista negra. Huawei ingresó en 2021 alrededor de 91.800 millones de euros, un 29% menos que el año anterior, en la primera caída interanual del negocio que ha sufrido la compañía radicada en Shenzhen en toda su historia.