El Gobierno califica de «discrepancias poco significativas» las dudas de Bruselas sobre las pensiones

El Gobierno califica de «discrepancias poco significativas» las dudas de Bruselas sobre las pensiones

Bruselas da luz verde al desembolso de 12.000 millones para España con preocupación por las pensiones

La Comisión Europea vive con preocupación la situación del sistema público de pensiones en España, cuya reforma -ligada al Plan de Recuperación- supone la revalorización de las pensiones conforme al IPC, lo que disparará el gasto público, y por ahora no asegura ninguna fuente de ingresos complementaria de la suficiente entidad como para garantizar la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social. Esta inquietud, no obstante, no cala en el Gobierno, que califica las dudas comunitarias de «discrepancias poco significativas».

Tanto es así que, a pesar de que este lunes aprobaron el desembolso de otros 12.000 millones de euros de los fondos Next Generationpara nuestro país, advirtieron de que lo que queda de año será clave para garantizar que las cuentas salen. Esperarán a final de año para conocer la reforma de pensiones en su integridad -por ahora sólo se ha aprobado una parte y quedan pendientes asuntos importantes como el régimen de autónomos o la modificación del periodo de cómputo para la pensión- y sólo entonces evaluarán formalmente si es pertinente.

De aquí a entonces, Bruselas espera mantener un debate continuo con las autoridades españolas para afinar las medidas que están por venir y poner números a sus implicaciones fiscales. Confían en que el resultado final sea satisfactorio pero avisan de que a día de hoy hay divergencia de opiniones dentro de la Comisión: algunos creen que el Gobierno va por el buen camino, pero otros dudan de que las palancas que se están barajando o ya han sido aprobadas -como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional- sean suficientes para compensar el aumento del gasto. Sólo en 2023, subir las pensiones con el IPC supondrá añadir más de 13.000 millones de gasto, y es un gasto además que se consolida en el sistema.

Llegado el momento de la evaluación, Bruselas ya ha dejado claro que todos los países tendrán que dar el visto bueno al cumplimiento de lo pactado. Si no, se entenderá que España no ha cumplido y podría recibir solamente una parte del desembolso correspondiente. La advertencia es seria y le llega al Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social en un momento complejo, después de que dos secretarios de Estado hayan abandonado el cargo en una sola semana.

El departamento que dirige José Luis Escrivá, sin embargo, no parece haberse tomado en serio estas dudas que plantea su reforma en Bruselas. «Ante una reforma de este alcance, la Comisión Europea únicamente recuerda que quedan hitos por cumplir (que se están abordando) y plantea algunas cuestiones técnicas sobre el impacto futuro de algunas medidas, con discrepancias poco significativas«, restaba importancia este lunes en un comunicado.

La Comisión está de acuerdo con el Gobierno en que indexar las pensiones conforme al IPC supondrá que para 2050 el gasto público sea un 2,7% del PIB superior que sin esa vinculación, pero no está tan conforme con la previsión que maneja el Ejecutivo sobre el impacto en los ingresos de la Seguridad Social que tendrán las medidas para incentivar el alargamiento de la edad de jubilación.

El equipo de Escrivá considera que podría aportar un ahorro de entre el 1,1% del PIB y el 1,6%, pero Bruselas cree que es una estimación demasiado optimista y no cree que vaya a superar el 1,1%. Por ello, ante un incremento del gasto en términos netos de 1,6 puntos, esperan medidas adicionales que aporten recursos.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional podría ser una de ellas, al ser una medida que estaba asociada al cuarto desembolso, pero el Gobierno ya lo ha aprobado con el acuerdo de los sindicatos, excluyendo a la patronal, y no parece convencer en Bruselas. Se trata de un mecanismo de emergencia que sólo se activará si es necesario y que consiste en incrementar las cotizaciones sociales en 0,6 puntos -a razón de 0,5 para la empresa y 0,1 para el trabajador-, pero la Comisión duda de su eficacia para generar ingresos adicionales. Esperan que el Gobierno envíe una actualización de sus cálculos sobre el impacto integral de la reforma para así valorar si será o no sostenible.

La Comisión lleva tiempo advirtiendo de que las pensiones están en el punto de mira. En una entrevista con EL MUNDO en mayo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ya advertía de que en 2023 se evaluará su sostenibilidad, pero son avisos que no alteran la hoja de ruta del Ejecutivo ni le disuaden de revalorizar las pensiones con el IPC. De hecho, este mismo sábado, el presidente anunciaba una subida adicional del 15% en las pensiones mínimas y no contributivas para compensar el alza de la inflación.

«Lo más relevante es que la Comisión Europea, tras analizar el primer bloque de la reforma, respalda absolutamente las medidas tomadas para cumplir los hitos del Componente 30. Este primer bloque es el más sustantivo, ya que incluye medidas de gran calado, como la revalorización de las pensiones con el IPC o las medidas para alinear la edad efectiva de jubilación con la edad ordinaria. Valoramos muy positivamente el respaldo de la Comisión Europea a las medidas adoptadas hasta ahora. Cabe recordar que la reforma es fruto del acuerdo social tripartito de 1 de julio de 2021, y da cumplimiento a las principales recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas por el Congreso en noviembre de 2020. La legitimación social y política de las medidas adoptadas se ve ahora reforzada más si cabe», comentaba el Ministerio de Seguridad Social.

Aprovechaba su comunicado para reprochar a Bruselas que ha «olvidado mencionar que otro de los hitos comprometido, el impulso del segundo pilar a través de los planes de pensiones de empleo,se ha cumplido recientemente y muy pronto se cumplirá el referido a los trabajadores autónomos».