El despilfarro público: el Gobierno garantiza que ahora sí se apagará la luz en edificios públicos durante la noche y los fines de semana

El despilfarro público: el Gobierno garantiza que ahora sí se apagará la luz en edificios públicos durante la noche y los fines de semana

Administración Pública Montero cuela el teletrabajo de los funcionarios como un «parche» entre las medidas de ahorro y sin negociar

El plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado (AGE), que el Gobierno ha aprobado esta semana, incluye «la racionalización del uso de edificios administrativos y de sus instalaciones». Y dentro de esas actuaciones, el Ejecutivo se compromete a «garantizar» el apagado «durante la noche, fines de semana y festivos» de «instalaciones de climatización, de iluminación, y sistemas de ofimática».

Esto es, que, en 2022 y después de una escalada histórica de los precios, el Ejecutivo asegura que, ahora sí, se va a controlar que se apaguen las luces de los edificios públicos, los ordenadores o los equipos de aire acondicionado. Una muestra evidente del despilfarro energético y también económico que ha imperado en muchos ámbitos de la Administración Pública.

Tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ese mismo plan contempla también otras medidas que no hacen más que afirmar ese descontrol. Por ejemplo: «Se procederá a la revisión de las potencias contratadas en los edificios administrativos de acuerdo con las demandas punta de consumo». Llama sin duda la atención que este punto no se haya abordado con anterioridad dado el sobrecoste que se puede derivar de esta situación. O también que hasta el momento no se hayan adecuado, «lo máximo posible, los horarios de iluminación y ventilación de aparcamientos, almacenes o zonas de ocupación no permanente».

El plan, que han impulsado el Ministerio de Hacienda y Función Pública junto al Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es el documento en el que la ministra María Jesús Montero ha colado el teletrabajo de los funcionarios. A pesar de que garantizó que el decreto estaría para enero, el Gobierno no lo ha tramitado y Montero ha impuesto lo que ahora denomina «trabajo a distancia» con el fin de «reducir el impacto energético producido tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo derivado de la presencia física de los trabajadores». Sin negociarlo con los sindicatos de los funcionarios, que lo ha tachado de «parche», y con un modelo 3/2: tres días de trabajo a distancia y dos días de manera presencial en el puesto.

En ese mismo contexto, el Gobierno quiere también promover el «transporte público por parte de las empleadas y empleados públicos, priorizando la apuesta por este medio de desplazamiento para aquellas personas que tengan su residencia en zonas con difícil acceso al transporte público o que el centro de trabajo se halle alejado de sus domicilios». «Se promocionará el establecimiento de rutas de transporte colectivo y se impulsarán Planes de Traslado como actuaciones destinadas a incentivar que los empleados y empleadas públicos modifiquen sus hábitos de movilidad a gran escala», añade el texto.

Y también se fomentará el uso de la bicicleta como medio de transporte. ¿Cómo? Con una medida que tal vez no se antoja muy ambiciosa: «Todos los edificios públicos con lugar de aparcamiento para vehículos implantarán espacios con aparcamientos seguros de bicicleta». No se dice nada más al respecto.

El Gobierno también quiere reducir el consumo de energía «limitando las temperaturas». «No superando los 19ºC cuando sea necesario utilizar calefacción ni estando por debajo de los 27ºC cuando sea necesario refrigerar, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional, expone la norma».

Otro aspecto que se controlará es «el uso de papel, plásticos y consumibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas», lo que sugiere que tampoco este punto tenía un control exhaustivo.

En virtud de esta norma se impulsará asimismo el autoconsumo, articulándose «un sistema de identificación de ubicaciones en los edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal para iniciar los procedimientos que permitan albergar instalaciones fotovoltaicas». «Cada organismo público identificará las principales ubicaciones que sean más idóneas para la instalación», habrá un «inventario de cubiertas de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal, con priorización en función de superficie y consumo energético» y «se procederá a una primera contratación de 50MW de capacidad para su instalación en 2022», recoge el texto.