Bruselas da luz verde al desembolso de 12.000 millones para España con preocupación por las pensiones

Bruselas da luz verde al desembolso de 12.000 millones para España con preocupación por las pensiones

Escrivá se queda solo para sacar adelante las reformas que endurecerán la generosidad de las pensiones

La Comisión Europea ha dado este lunes el visto bueno a la llegada de otros 12.000 millones de euros del programa Next Generation a España tras constatar que nuestro país ha implementado los 40 hitos y reformas necesarios para completar esta fase, a pesar de que en Bruselas existe preocupación por la reforma del sistema público de pensiones y su sostenibilidad, según fuentes conocedoras del procedimiento.

La «evaluación preliminar positiva» no es el paso final, pues la pelota pasa ahora al llamado Comité Económico y Financiero (CEF) antes de volver al equipo de Ursula von der Leyen, pero en la práctica debería serlo. El CEF, que incluye representantes de todos los países, dispone ahora de un máximo de cuatro semanas para pronunciarse, pero al ser cuestiones profundamente técnicas y contar con la aprobación de los expertos, no debería ser más que una formalidad. Se espera por tanto que a finales de julio la Comisión pueda llevar a cabo la ejecución del pago.

Con estos 12.000 millones adicionales, España habrá recibido ya 31.000 millones, el 45% de todo lo que le corresponde por ahora en trasferencias, que no computan para déficit o deuda pública. Aunque técnicamente es el Segundo Desembolso, en la práctica es el tercero, ya que España recibió el primero en julio del año pasado, de 9.000 millones y conocido como prefinanciación, de forma casi automática para compensar los gastos ya hechos contra la pandemia desde 2020. El segundo, de 10.000 millones, se reclamó en diciembre de 2021. España es el único país que ha solicitado ya dos desembolsos. La mayoría han pedido uno o ninguno. E incluso hay dos países, Holanda y Hungría, que no han presentado todavía sus planes de recuperación o no han sido aprobados. 21 países han recibido la prefinanciación, 10 han pedido un desembolso y sólo cinco se han materializado. España está muy por delante de todas las demás, en la parte teórica y la práctica, y está fiando gran parte de la recuperación a esos fondos.

Bruselas está satisfecha con el ritmo español. Para recibir este segundo tramo de los fondos comunitarios era necesario cumplir 40 hitos y reformas, entre las que figuran desde cuestiones medioambientales a la reforma universitaria pasando por el mercado laboral y de pensiones y la sostenibilidad de las finanzas públicas, y se ha ido haciendo, mediante nuevas leyes, inversiones, etc. Los técnicos no ven problemas a lo hecho, pero apuntan a finales de año para el momento más delicado: la sostenibilidad de las pensiones.

España ha trasladado a las autoridades comunitarias que la indexación de las pensiones conforme al IPC supondrá un aumento del gasto público de entorno al 2,7% del PIB en 2050 y la Comisión cree que los cálculos son posibles. Por otro lado, creen que el incremento de la recaudación que supondrán medidas como los incentivos para alargar la vida laboral será de entre el 1,1% y el 1,6% del PIB. En este caso, la Comisión cree que España ha pecado de optimista y apuntan a que es más probable que el ahorro se quede en la parte baja de la horquilla.

En cualquier caso, dado que el Gobierno ha decidido aprobar la reforma de las pensiones por fases, no será hasta finales de año cuando Bruselas evalúe el impacto conjunto de todas las medidas: incluidas la reforma del régimen de autónomos y del periodo de cómputo para la pensión -requisitos para la solicitud del tercer desembolso- y de las medidas asociadas al cuarto desembolso, como el ya aprobado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que sólo fue acordado con los sindicatos.

Los últimos meses han sido de negociaciones muy complicadas, tensas por momentos, pues la revalorización con un IPC que en lo que va de año acumula una subida promedio del 8,1% va a disparar los gastos en pensiones en 2023 por encima de los 13.000 millones de euros, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas. Lo difícil llega ahora.

Con respecto al MEI, que consiste en aumentar los ingresos de la Seguridad Social mediante un incremento de las cotizaciones sociales que pagan las empresas, aplazando una revisión futura en caso de que haga falta un ajuste, existe división en Bruselas sobre si será suficiente o no para amortiguar el incremento del gasto. Las autoridades confían en que esta medida se complemente con otras que garanticen la sostenibilidad del sistema, pero si llegado el momento no hay acuerdo sobre su eficacia, la Comisión podría entender que España no ha cumplido íntegramente con los objetivos y se podría aprobar solamente un desembolso parcial de los fondos. España dejaría de percibir parte del dinero prometido.

Aunque Bruselas va mirando día a día, para la evaluación final necesita que estén aprobadas todas las leyes, todos los cambios. Saben que habrá fricciones, pero no quieren adelantar acontecimientos mientras presionan para que todas las reformas tengan en cuenta la sostenibilidad a medio y largo plazo, que es parte clara del Plan español y condición obligatoria para el resto de pagos. En los próximos seis meses Moncloa tendrá que sacar adelante lo que está pendiente y además hacer su propia evaluación de sostenibilidad fiscal, un proceso que se antoja complicado ante un otoño caliente de resaca económica.

Por otro lado, a lo largo de esta semana, Eurostat debe hacer públicos sus cálculos finales sobre el impacto real de la pandemia en el PIB de los 27, algo que será clave para retocar el reparto de fondos comunitarios. España tenía cerca de 70.000 millones en transferencias, pero ahora, con esas estimaciones revisadas, podrá recibir mucho más. Fuentes comunitarias no quieren anticipar una cifra pero prevén que reciba por lo menos 5.000 millones más.

Ante este aumento de la dotación, la Comisión pedirá al Gobierno que presente una modificación del Plan en la que se proponga una asignación para la nueva partida.

Además, parece que el Gobierno ha decidido también hacer uso de la partida de préstamos en condiciones ventajosas, otros 70.000 millones aproximadamente a disposición. Hasta ahora no se habían solicitado porque las condiciones de mercado eran buenas, pero con los tipos de interés subiendo y las primas de riesgo despertando, puede ser una buena vía para hacer frente a los próximos 12 meses de turbulencias, como contaba hoy este medio.