Boric firma adhesión de Chile al Acuerdo Escazú en defensa medioambiental
El presidente chileno firmó su primer acuerdo tras asumir en el cargo el pasado 11 de marzo.
El presidente chileno firmó su primer acuerdo tras asumir en el cargo el pasado 11 de marzo.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional ratificado por 24 países de América Latina y el Caribe que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas y la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
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La adhesión de Chile a esta carta, impulsada tras la Conferencia de la ONU sobre el desarrollo Sostenible celebrada en 2012, fue planteada por el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) pero no fue desechada durante su segundo término en le Palacio de la Moneda (2018-2012) por presiones de la industria y la minería.
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El futuro de Chile está inevitablemente conectado con la protección del medioambiente y los ecosistemas.
Fuentes próximas al actual Gobierno, que inició su mandato el pasado viernes 11 de marzo, aseguraron a Efe que resultaba inexplicable que Chile no formase parte de este gran pacto suscrito por las grandes naciones del continente y que se ajusta a la nueva realidad económica, en la que la defensa del medioambiente es crucial.
Y afirmaron que coincide con la visión estratégica del nuevo Ejecutivo liderado por Boric, un político preocupado y concienciado sobre la necesidad de actuar de forma urgente frente a la emergencia climática.
Durante la firma, que supone una de las primeras decisiones de calado de la nueva Administración, el mandatario estuvo acompañado de las ministras de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, y Medioambiente, Maisa Rojas.
«Se trata de un acuerdo que reconoce la relación explícita y necesaria entre medioambiente y derechos humanos, generando un vínculo virtuoso en donde el acceso a la información, a la participación y la justicia medioambiental se entienden como interdependientes», dijo Rojas antes de la firma.
El presidente de Chile, Gabriel Boric (c), la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola (i), y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas,
EFE/ Alberto Valdés
Nos hemos demorado más de la cuenta en firmar este acuerdo (…) pero hoy enmendamos el rumbo
Urrejola, por su parte, aseguró que «La Adhesión al acuerdo de Escazú representa el retorno a lo mejor de nuestra tradición diplomática. Queremos recuperar el prestigio internacional de Chile y que los chilenos y chilenas se sientan orgullosos y orgullosas de la contribucción del país al mundo».
El acuerdo es la primera iniciativa que el nuevo Gobierno chileno envía al legislativo para su ratificación. Por su parte, el presidente Boric subrayó que la firma es uno de los compromisos ya cumplidos de su campaña electoral.
«Desde América Latina y el Caribe estamos hablando al mundo, Ustedes, luchadores y luchadoras por el medio ambiente, luchadores y luchadoras por la vida, nos han enseñado a perseverar», afirmó el presidente tras firmar el acuerdo.
La firma fue aplaudida el jueves por las fuerzas progresistas en Chile y criticado por algunos grupos situados a la derecha. La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, explicó el jueves a la prensa local que la firma se ajusta al camino correcto y opinó que será muy beneficioso y contribuirá en la protección de ecosistemas.
En respuesta, su colega de Renovación Nacional, José Miguel Castro, aseguró que la adhesión a este tratado, que es el primero que protege a los defensores de los derechos ambientales, podría generar conflictos con otros países.
El acuerdo de Escazú está considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, destinado igualmente a evitar que se repitan las amenazas y los asesinatos de defensores de los derechos ambientales como la líder indígena lenca hondureña Berta Cáceres, o el brasileño Chico Mendes.
Entre sus objetivos principales busca implementar de forma plena y efectiva los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental.
Asimismo, pretende garantizar la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medioambiente sano.
Y entre sus disposiciones incluye perspectiva de género, gobierno abierto y criterios de prioridad en su aplicación para personas en situación de vulnerabilidad, además de ser uno de los primeros del mundo vinculante en el marco de la defensa y el respeto a los derechos humanos en cuestiones relacionadas con la naturaleza.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
*Con información de AFP
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